Más de un millón de inmigrantes amenazados con la expulsión de Tailandia

  • Canela Bangkok, 17 dic.- Más un millón de inmigrantes que trabajan en Tailandia sin su documentación en regla corren el riesgo de ser expulsados, extorsionados por policías corruptos y explotados por gente sin escrúpulos que nutre el negocio del tráfico de personas.

Gaspar Ruiz-Canela

Bangkok, 17 dic.- Más un millón de inmigrantes que trabajan en Tailandia sin su documentación en regla corren el riesgo de ser expulsados, extorsionados por policías corruptos y explotados por gente sin escrúpulos que nutre el negocio del tráfico de personas.

El Día Internacional del Migrante, que se celebrará mañana martes en medio mundo, tendrá un sabor agrio en este país asiático cuyo Gobierno dio la pasada semana por cerrado, con la opinión en contra de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el proceso para regularizar la anómala situación en la que están de 2 a 2,5 millones de inmigrantes y que sólo iniciaron menos de la mitad de ellos.

Para el resto, algo más de un millón de personas, la única opción para legalizar su situación es regresar a su país de origen y tramitar allí un permiso de trabajo, lo que resulta casi imposible para gente que ya se han endeudado antes para viajar a Tailandia.

Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Developent Foundation (HRDF) denuncian que muchas de estas personas sin todos los documentos en regla no han podido concluir los trámites de este proceso, alargado en varias ocasiones por las autoridades a causa de la corrupción que multiplicaba el coste de las tasas del papeleo.

"Los que hace falta es que el Gobierno aplique realmente la ley, el estado de Derecho y realice la regularización de forma transparente", dijo a Efe Andy Hall, experto en migración de la Universidad de Mahidol y consultor de HRDF.

Con salarios que van de 100 a 300 dólares (de 75 a 225 euros) mensuales, estos inmigrantes se veían obligados a pagar por los trámites de regularización cantidades que iban desde los 500 a 700 dólares (456 ó 380 euros) por una gestión que en teoría costaba 30 dólares (22 euros).

El "sobreprecio" incluía la cantidad de dinero que iba a para a los bolsillos de funcionarios corruptos e intermediarios, apuntan los activistas comprometidos con la defensa de los derechos del inmigrante.

Según Hall, la cesación del proceso oficial de legalización sólo contribuirá a aumentar los casos de abusos que cometen los policías corruptos, que detienen a los trabajadores en situación irregular para liberarles unas horas después al recibir una cuantía dinero como soborno.

"Los inmigrantes son víctimas de la policía corrupta y de los traficantes de personas. Muchos trabajan en situación de esclavitud con grandes deudas", subrayó el activista.

Cerca del 80 % de la inmigración que procura a Tailandia la mano de obra barata, que precisa para que buena parte de su producción continúe siendo competitiva frente a la de otros países del sudeste de Asia, procede de la vecina y empobrecida Birmania (Myanmar), mientras que el resto viene de Camboya, Laos o del sur de China.

Tailandia necesita esta mano de obra inmigrante para sus plantas de vehículos y aparatos electrónicos, explotaciones agropecuarias, la pesca o la construcción, principalmente en Bangkok y en las boyantes zonas turísticas.

Pero muchos inmigrantes, al entrar de forma ilegal, son explotados en fábricas clandestinas o en buques de pesca, y en caso de percibir un salario este suele ser muy inferior al mínimo estipulado por la ley.

El director general de la OIT, Guy Ryder, visitó el sábado pasado el área pesquera y portuaria de Samut Sakhon, en el golfo de Tailandia, para abordar con las autoridades el problema de la contratación infantil de inmigrantes.

Ryder expresó su "preocupación" por las amenazas de deportaciones masivas y solicitó al Gobierno tailandés que amplíe el plazo y establezca mecanismos para permitir la regularización de los inmigrantes que emplea en sus industrias.

Samut Sakhon también fue elegido como la primera parada de la líder opositora y nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, en su viaje a Tailandia el pasado mayo, el primero que realizaba desde 1988 y tras su liberación del arresto domiciliario en 2010.

Aclamada por miles de sus compatriotas, Suu Kyi se comprometió a trabajar para mejorar la precaria situación de la amplia comunidad de inmigrantes birmanos en Tailandia.

Muchos trabajadores extranjeros sin su documentación en regla que no han conseguido regularizar su situación se ven abocados ahora, según apunta Andy Hall, a adquirir permisos y pasaportes falsos en el mercado negro, lo que aumenta las deudas que han contraído para entrar en Tailandia.

Incluso para aquellos que regularicen su estatus, su situación económica continúa siendo muy precaria, con salarios mínimos y sin cobertura social.

"Pagan seguridad social, pero en la práctica no se benefician como los tailandeses. Los que no tienen todos los papeles acaban siendo víctimas de los traficantes de personas y en situación de semiesclavitud", espetó el experto de la Universidad de Mahidol.

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