Redacción Internacional, 30 may.- El caso de una joven salvadoreña obligada a continuar el embarazo, pese a su grave enfermedad y a que el hijo que espera nacerá sin cerebro, ha reavivado el debate sobre el derecho al aborto, inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países de América Latina.
Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió medidas provisionales a favor de la joven conocida como "Beatriz", tras conocer el caso en la noche del miércoles, y hoy notifico al Estado salvadoreño que ahora debe permitir el aborto terapéutico.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador había rechazado solicitud de aborto de la joven alegando que "los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus".
Además la sentencia del CSJ sostenía que existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana 'desde el momento de la concepción'.
Pero El Salvador no es el único país donde esta joven no tendría mas remedio que seguir adelante con su embarazo; lo mismo le ocurriría en Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que también prohíben el aborto de manera absoluta.
La mayoría de los países latinoamericanos han debatido en los últimos años, de forma mas o menos prolongada, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y en muchos de ellos se admite por razones terapéuticas.
Solo en Cuba, Uruguay y México Distrito Federal las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre; en el primer caso antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la semana duodécima.
En el resto, por ejemplo Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, el aborto es ilegal a excepción de casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, en caso contrario la ley castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que incurran en esta practica.
En el caso concreto de Guatemala, que puede ser equiparable al de otros países, se estima que cada año más de 60.000 mujeres de entre los 15 y 49 años interrumpen de forma clandestina sus embarazos con lo que ponen en riesgo no solo su salud sino también su vida.
Los embarazos no deseados, que muchas veces terminan en abortos, se atribuyen a la violencia sexual, al bajo nivel educativo y a la pobreza.
A este grupo se suma Colombia donde se precisa que el aborto no será penalizado cuando el embarazo sea producto de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida, constituya peligro para la salud o la vida de la mujer o cuando el feto presenta una malformación grave que hace imposible su vida fuera del útero.
En Uruguay hubo recientemente un caso parecido al de El Salvador, pero a la inversa. La Justicia autorizó a principios de mes que se le practicara un aborto a una niña de 12 años que había sufrido abusos sexuales y quedó embarazada en la ciudad de Bella Unión, en el norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil.
El juez procesó con prisión por abuso de menores a un peón rural de 75 años que desde hacía dos mantenía relaciones sexuales con la niña por la que pagaba entre 25 y 50 pesos (1,3 y 2,6 dólares).
Por el contrario en República Dominicana, uno de los países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, ocurrió hace casi un año una situación similar a la joven de El Salvador con una adolescente embarazada que necesitaba de quimioterapia para combatir la leucemia.
Los médicos se negaban a emplear el tratamiento porque la Constitución garantiza la vida "desde la concepción" y después de, intensos debates, con la Iglesia católica por un lado y feministas por el otro, el ministerio de Salud Pública autorizó la aplicación de quimioterapia, pero la joven, de 16 años, finalmente murió.
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