Memoria histórica. El parlamento andaluz pide reconocer a las mujeres represaliadas en la guerra civil y el franquismo

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó este jueves, por 59 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, una proposición no de ley, a iniciativa del PSOE, por la que se pide el reconocimiento público de las mujeres que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y el Franquismo. El PP rechazó votar.
Mujeres que eran obligadas a ir a misa, a quienes se cortaba el pelo al cero o que fueron violadas; algunas, asesinadas después. La diputada socialista Pilar Navarro Rodríguez se encargó de defender la iniciativa argumentando que "es el momento de acordarnos de ellas" y haciendo suyo lo dicho por Julián Marías: "Es muy grave el olvido de la historia (...) porque la realidad siempre se venga del que no cuenta con ella".
Mujeres que, explicó, "fueron víctimas de la represión con torturas como su exposición al escarnio y la vergüenza pública, algunas violadas y asesinadas, y arrojadas en a cunetas; obligadas a tomar aceite de ricino u obligadas a ir a misa".
La dictadura franquista, enfatizó, alcanzó formas de represión de lo más variado, "que afectaban a mujeres inocentes, con un doble dolor, el de verse separadas de sus familiares, y el dolor de verse paseadas como pelonas por las calles de su pueblo".
"Pese a lo cual", agregó, "tuvieron el valor de sacar ellas solas a su familia y lo hicieron sin rencor, con dignidad". "No hay dinero para pagar el horror que pasaron esas mujeres", concluyó.
El diputado del PP Carlos Rojas mostró la reticencia de su grupo al contenido genérico de la iniciativa parlamentaria y, tras afirmar el apoyo y respeto a todas las mujeres, expresó su "sensación de que la Junta de Andalucía confunde el tener memoria con el reavivar el dolor. Y el dolor está para que pase lo antes posible", dijo.
"Nunca se puede olvidar el sufrimiento injusto de toda guerra, pero como representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de cerrar las heridas", y recordó que en los escaños de cada partido hay familias que fueron "víctimas de uno y otro bando. Y ahora estamos unidos en un mismo proyecto".
Por su parte, José Manuel Mariscal Cifuentes (IU), grupo que presentó distintas enmiendas a la propuesta, destacó que la represión sufrida por estas mujeres fue "el castigo que se aplicó por ser 'rojas'".
INDEMNIZACIONES
El pasado 21 de septiembre, la Junta de Andalucía aprobó indemnizar a las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. El Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se reconoce a estas personas el derecho a percibir una cuantía fija de 1.800 euros, como modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.
La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 viene concediendo el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta
de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.
El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950. Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas, que serán revisadas por una comisión de estudio y valoración.
La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años.
Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador, que fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses.
Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.