La muerte sin resolver de Déborah y los errores imperdonables que ve la familia

La familia de Déborah Fernández sigue sin tirar la toalla 28 años después.  El pasado 30 de marzo de 2002 su hija de 21 años salió a correr por la zona de Samil en Vigo, y diez días después su cuerpo fue encontrado por una vecina de O Rosal en una cuneta, a 40 kilómetros de su domicilio. "Depositaron el cuerpo con cuidado" insisten sus nuevos abogados con los que ahora llevarán al juzgado a los funcionarios que incurrieron para ellos en"errores imperdonables" durante la investigación de un caso que ha sido abierto, guardado en un cajón y cerrado en numerosas ocasiones, la última en 2019, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) acordó su reapertura para proceder a la práctica de nuevas actuaciones. Ahora los abogados, que han solicitado en varias ocasiones el secreto de sumario pero "ha sido denegado", promoverán la realización de un informe pericial criminal de parte para esclarecer la muerte de la joven que sigue siendo toda una incógnita. Se pone de nuevo a cero el contador de un caso donde los nuevos abogados denuncian numerosas "negligencias".

Mira también

Un año sin Yago: "No hay ninguna pista de que esté vivo... ni de lo contrario"

Ramón Amoedo explica a La Información que un experto en homicidios y muertes violentas se encargará de una investigación paralela a la policial, "que ponemos en entredicho" para "intentar saber qué pasó en aquellos diez días". Cuando el cuerpo fue encontrado estaba desnudo, lavado y tapado parcialmente con unas ramas "al lado pistas falsas". Se refiere Amoedo al envoltorio de preservativo y pañuelo de papel con semen localizado a su lado. El escenario "lleva más a pensar en un homicidio o asesinato que en una muerte súbita, cómo se llegó a contemplar e investigaremos". Tampoco entiende este abogado que los padres corrieran a denunciar la desaparición de su hija "nada más levantarse y comprobar que no había dormido esa noche en casa, ni con ninguna amiga, ni con su novio/exnovio (sospechoso en un principio pero al que nunca se le imputó nada)  y las primeras preguntas de los investigadores hicieran pensar que se trataba de una desaparición voluntaria". Sus amigas respondieron a preguntas tipo "si le gustaban los juegos de rol o cortarse el pelo", recuerda. 

Las conclusiones de la autopsia -la joven habría muerto el mismo día de su desaparición y cuando fue encontrada apenas se iniciado el proceso de descomposición- también les "chirría" porque "encontramos que el ADN del bazo del cuerpo de Déborah no coincidía con la muestra tomada en la vagina. ¿Son de dos personas?". Pese a los años que hace de una desaparición que en su día tubo a los vigueses en vilo y luego a todos los españoles sorprendidos por lo confusa que parecía ser su investigación, "no cejarán en su empeño de conocer la verdad" pese a que sobre su muerte sobrevuele la sombra de la prescripción. No olvidan que desde que desaparece hasta que "el cuerpo es depositado en esa cuneta debía estar oculto en algún sitio que impidió esa descomposición, en un lugar frío y oscuro como una cámara frigorífica o un sótano". Si al final se demuestra que se trata de un asesinato "quedaría año y medio para que prescriba -hasta el 1 de mayo de 2022- pero en el supuesto de que fuera un homicidio ya estaría prescristo y eso no impide que queramos que  "la sociedad viguesa sepa quién es quién". El cuerpo de Déborah fue "dejado en la cuneta para que se encuentre". 

Amoedo advierte que la familia y los letrados "no pararán" hasta conseguir "justicia para Déborah". Así, en la investigación pericial-criminal  que anuncia se promoverán una serie de pruebas, entre ellas la exhumación y la toma de nuevas muestras del cadáver de Déborah, una radiografía completa del cuerpo y una revisión de su dentadura, así como la petición de una serie de pruebas hasta ahora denegadas. Entiende que es casualidad que justo ayer, que presentaban sus dudas en público, recibían "la comunicación del juzgado de que nos entregarán un disco duro del ordenador de la chica que la familia le dio a la Policía en 2016". 

Explica que el atestado elaborado en 2019 no refleja que se solicitase acceso al terminal del que fuera pareja de la joven, mientras consta que en junio de 2002 se contactó con un juzgado de Vigo para conocer si se había recibido información sobre las llamadas realizadas desde el mismo. Por este motivo, se han preguntado si se tuvo acceso al listado y, si no fue así, por qué no se solicitó de nuevo. Además, reprueba que el vehículo de este varón, al que se refieren como Arcano y que fue interrogado en varias ocasiones, no se inspeccionase hasta el año 2010. 

Además, Ignacio Amoedo, otro de sus abogados, ha denunciado "negligencias" por parte de otros investigadores, como el extravío del teléfono móvil de Déborah, que había sido "entregado por un familiar a un agente" en comisaría. Así, ha apuntado que posteriormente el terminal se analizó, pero ha cuestionado que solo se encontrase un número en su tarjeta. No son los únicos errores que ahora se ponen sobre la mesa. Amoedo habla de "contradicciones" en declaraciones realizadas por distintos testigos que no se cruzaron y "pruebas que se pasaron por alto". Por ello, los letrados han avanzado que se promoverá la realización de un informe pericial criminal de parte con investigaciones propias ante las "contradicciones" de las policiales. También han abierto la posibilidad a que se emprendan acciones legales contra los funcionarios si se comprueba que han actuado en perjuicio de la investigación.

El nuevo despacho de abogados de la familia Fernández Cervera ve "muchísimos" errores, desde "omisiones, dilaciones y denegaciones de testimonios y pruebas solicitadas a interrogatorios, tomas de muestras biológicas o conclusiones de la autopsia" que a su juicio se han producido a lo largo de estos 18 años. Sí salva de sus críticas al equipo policial que en 2010 pidió por primera vez una serie de pruebas, como el análisis del coche de la expareja de Déborah, en el que "no se halló ni un pelo, ni un resto biológico ni una fibra", así como nuevos interrogatorios y muestras de ADN. Ese mismo equipo solicitó un perfil psicológico de esta persona en un informe "contundente" que remitió a los juzgados de Tui, que "justo archivaba la causa el mismo día que lo recibió en 2017".