Madrid, 27 sep.- La ONG Save the Children ha alertado de las "graves deficiencias" del sistema judicial ante los casos de abuso sexual infantil, especialmente cuando se trata de niños muy pequeños y cuando el denunciado es el propio padre, ya que la Justicia tiende a archivar las causas sin investigar lo suficiente.
Así lo pone de manifiesto la ONG en el informe "La Justicia española frente al abuso infantil en el entorno familiar", que ha hecho público hoy, fruto del análisis de cuatro casos de niños y niñas que mostraron los primeros síntomas de abuso sexual a manos de sus padres en edad preescolar.
Estos casos, debido a la complejidad a la hora de acreditar los abusos, así como a la "falta de diligencia y de impulso procesal" en el proceso judicial, han sido sobreseídos de forma provisional, según explica Save the Children en el informe, que además analiza las decisiones de la audiencias provinciales.
La ONG destaca que, en los casos estudiados, ha identificado "falta de medios adecuados" para garantizar el derecho de los niños a ser escuchados; de hecho, las pruebas periciales y las investigaciones judiciales se reducen a una entrevista -en ocasiones muy breve- y rara vez usan técnicas como el dibujo o los juegos para obtener el testimonio del menor.
Ha mostrado su preocupación porque las decisiones judiciales adoptadas en los procesos penales "apenas incorporan en su motivación la determinación del interés superior del niño".
Según el informe, la mayor parte de las resoluciones de los juzgados de familia, una vez iniciado el proceso penal por abusos sexuales, se orientan a primar la "normalización" de la relación de los niños con sus padres denunciados, frente a su protección como posibles víctimas.
Para la organización, no se garantiza el cumplimiento de dos obligaciones: la celeridad de los procesos penales que afectan a los menores y la especialización del conjunto de profesionales que intervienen en los mismos.
Respecto a la especialización de los peritos adscritos a los juzgados, el informe concluye que "en todos los casos analizados se han identificado prácticas profesionales que podrían incumplir los requisitos de rigor, tacto, y respeto, con consecuencias importantes para el acceso a la justicia de los niños y niñas".
Asimismo, Save the Children ha resaltado la "aparente pasividad" del Ministerio Fiscal en el impulso del procedimiento y en la propuesta de actividad probatoria: "del análisis de los casos se desprende que el rol del Ministerio Fiscal está lejos de ser un acicate para la instrucción", ha indicado en el informe.
Ha denunciado que se hayan dictado escasas medidas cautelares para la protección del menor y que la "temprana edad de las víctimas" sea un argumento utilizado por los jueces para dudar "per se" de la credibilidad del testimonio de las víctimas.
Por todo ello, la ONG hace una serie de recomendaciones, recogidas en el informe, en las que insta a aprobar una normativa que reconozca y promueva de "manera expresa" los derechos de los niños en los procesos judiciales.
También ha solicitado que se asegure la adecuada preparación y especialización de los profesionales para obtener el testimonio de los menores y ha abogado por que se promueva la denuncia de este tipo de delitos y se implemente un turno de oficio de asistencia letrada especializada.
Entre sus recomendaciones se encuentran, además, que se garantice la máxima prioridad en la investigación judicial de estos delitos.
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