ONG alertan del riesgo de que el Gobierno "relaje" la venta de armas

  • Las ONG Amnistía Internacional (AI), FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón han alertado hoy del riesgo de que el Gobierno español "esté relajando el control de las exportaciones de armas".

Madrid, 30 may.- Las ONG Amnistía Internacional (AI), FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón han alertado hoy del riesgo de que el Gobierno español "esté relajando el control de las exportaciones de armas".

Las ONG han hecho estas advertencia tras conocerse que el Gobierno español autorizó, en 2013, exportaciones de armas (incluido material de defensa y antidisturbios y armas de caza y tiro deportivo) por valor de 4.376 millones de euros, el doble que un año antes.

Solo en material de defensa, esta cifra representó un aumento de más del 100 % respecto a 2012, indican en una nota de prensa, en la que agregan que, desde 2004, las exportaciones autorizadas se han multiplicado por diez.

Según el Gobierno, el aumento en 2013 es se debe al "peso específico" de las transferencias a Arabia Saudí, Australia y Emiratos Árabes Unidos, por valor de 1.732,5 millones de euros, un 44,5 % del total en ese año, según el informe de la Secretaría de Estado de Comercio remitido al Congreso el 26 de mayo, y citado por las ONG.

Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), España ocupó el séptimo puesto en la lista de los diez principales exportadores de armas entre 2009 y 2013, con un 3 % del mercado global, tras EEUU, Rusia, Alemania, China, Francia y el Reino Unido y por delante de Ucrania, Italia e Israel.

Tras conocer estos datos, las citadas ONG han mostrado su preocupación y "temor" porque la política de promoción de las exportaciones de armas del Gobierno, "con una intensa agenda internacional de las autoridades españolas", esté afectando negativamente al control de la venta de armas.

Además, han mostrado su preocupación porque estas operaciones se lleven a cabo "cuando exista un riesgo claro de que el material exportado se use para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos", ha señalado el director de AI, Esteban Beltrán.

En opinión del responsable de Greenpeace, Mario Rodríguez, en 2013 "las ventas de armas se realizaron en un contexto de clara tensión entre las limitaciones que establece la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior".

Para el director general de Oxfam Intermón, José María Vera, el "desafío del Gobierno y el Parlamento españoles es garantizar que sus exportaciones de armas respetan escrupulosamente las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), ratificado por España en 2013, y las de la ley española.

Las ONG, añade en la nota el director de FundiPau, Jordi Armadans, han pedido al Gobierno y a los partidos políticos que modifiquen la legislación española sobre exportaciones de armas y la adapten a la "Regla de Oro" del TCA, que supone la no autorización de transferencias de armas para cometer atrocidades.

En la nota, las ONG valoran el informe detallado que el Gobierno ha remitido al Congreso, que incluye, entre otras cosas, información sobre la denegación de autorización de venta de armas en los casos de Guinea Bissau, República Centroafricana, así como las suspensiones de licencias a Egipto o Venezuela.

No obstante, han manifestado su preocupación por la autorización a diversos países, debido a la naturaleza del material exportado y/o al riesgo de que este pueda ser usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos.

Entre estas operaciones citan las exportaciones de material de defensa a Arabia Saudí, que incluyen 250 carros de combate Leopard; la venta de aviones de transporte, la munición de artillería y obuses a Colombia; la donación de cartuchos lacrimógenos para la policía de Egipto en 2013; la venta de material de defensa a EEUU; las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a Ghana; o de material de defensa a Pakistán.

También critican la donación de cartuchos y botes lacrimógenos a la policía de Túnez; y la autorización de exportaciones de material antidisturbios a las fuerzas armadas y la policía de Venezuela.

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