"Las esterilizaciones forzadas son una de las más graves violaciones de los derechos humanos en las Américas. Es un tema que ha marcado la historia de la región", dijo la mexicana Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
"Llamamos al Estado peruano a que repare esta situación. El registro único puede ser un paso para elaborar una reparación por el daño generado", agregó la directora de AI, quien lamentó que no existan cifras definitivas sobre las mujeres esterilizadas sin su consentimiento.
La campaña "Contra Su Voluntad" cuenta con una página en internet (www.contrasuvoluntad.pe) para recolectar firmas en apoyo a la petición de AI al presidente peruano Ollanta Humala para crear el registro único.
En la rueda de prensa estuvo presente una de las víctimas, Esperanza Huayama, una campesina de 59 años madre de siete hijos y natural de la provincia de Huancabamba (norte), a quien se esterilizó contra su voluntad hace 18 años cuando contaba con 41.
"Nos ofrecieron medicinas y alimentos a cambio. Me anestesiaron. Tenía tres meses de embarazo y perdí un hijo", refirió la campesina.
La campaña de AI se inicia luego que en enero de 2015 la fiscalía peruana resolviera reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas por tercera vez desde que se inició en 2002, alegando deficiencias en las investigaciones previas.
En 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Perú puso en marcha un programa de salud reproductiva y planificación familiar que incluía intervenciones de ligadura de trompas de útero en teoría voluntarias, una política en la que el mandatario confiaba para frenar la natalidad y fomentar el desarrollo del país.
El expresidente, bajo cuya gestión ocurrieron la mayoría de los casos, ha sido incluido y excluido de la acusación.
Durante la campaña electoral de 2011 el ahora presidente Ollanta Humala usó el tema para sumar votos a costa de su rival en el balotaje: Keiko Fujimori, hija del exmandatario. Hoy el tema resurge cuando Perú está a seis meses de las presidenciales, en las que Keiko Fujimori aparece como amplia favorita.
Según la Defensoría del Pueblo, el ministerio de Salud realizó 272.028 ligaduras de trompas entre 1996 y 2001, pero sólo 2.074 mujeres presentaron una denuncia formal ante la fiscalía alegando que fueron forzadas a ello. Incluso hay registrados 18 casos de mujeres fallecidas por las operaciones.
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