Asunción, 25 mar.- Los 26.000 agentes que integran la Policía Nacional de Paraguay serán desplegados en el país como dispositivo de seguridad para la jornada de huelga general de mañana, que coincide con la tradicional marcha campesina anual en Asunción, informó a Efe una fuente policial.
La policía será declarada en alerta de seguridad desde esta medianoche, cuando aumentará su presencia en edificios institucionales de Asunción como el Palacio de López, que es la sede presidencial, el Congreso y oficinas estatales que puedan ser objeto de agresiones durante la huelga.
A partir de esa hora la policía prohibirá el acceso de vehículos a las calles que confluyen en el Congreso y en el Palacio de López, incluida la Avenida Costanera, que permanecerá cerrada durante 24 horas, declaró la comisaria Norma Vera, jefa de comunicación de la Policía Nacional.
La comisaria añadió que se establecerán controles policiales en diversas carreteras y avenidas de las ciudades más importantes del país "para impedir el paso de armas y de materiales que puedan ser utilizados con fines dañinos".
Asimismo, la policía garantizará el tránsito de los ciudadanos en las rutas y lugares que puedan ser bloqueados por los manifestantes y vigilará de cerca los puntos donde está previstos que se den las concentraciones convocadas por los campesinos y sindicatos.
De mismo modo, agentes policiales patrullaran por las calles de las diversas urbes para impedir agresiones contra los servicios de transporte público que no secunden la huelga.
Los labriegos convocados por la Federación Nacional Campesina (FNC) se concentran hoy en Asunción, donde pernoctarán, para llevar a cabo su marcha mañana para exigir la reforma agraria y el fin del modelo de explotación basado en el latifundio.
La XXI Marcha del Campesinado Pobre, que se realiza cada año, coincidirá con la huelga general convocada por los sindicatos, la primera en dos décadas, que tiene como principales reivindicaciones el aumento del salario mínimo y el control de precios sobre la canasta básica.
Los sindicatos piden un reajuste del 15 % en el salario mínimo, después de que en febrero el Gobierno decretara un incremento del 10 %, hasta los 1,82 millones de guaraníes al mes (405 dólares).
Los sindicatos y los labriegos suman su rechazo a la Ley Alianza Público-Privada, que interpretan como un privatización del sector público y la venta del país a empresas extranjeras.
En cambio, el Gobierno sostiene que será una herramienta para el desarrollo, al atraer inversión privada para la construcción de infraestructuras.
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