Ferrol, 20 jul.- La Xunta ha pospuesto un desahucio previsto para hoy en una vivienda del barrio ferrolano de Caranza, donde residen 10 personas en un bajo de 80 metros cuadrados, a la espera de encontrar un lugar para realojar a los cinco menores de la familia.
El movimiento ferrolano del 15-M se movilizó contra el desahucio previsto para arropar a la familia y aportar "asesoramiento jurídico solidario y gratuito", según precisaron desde este colectivo que congregó a un centenar de personas en la puerta de la vivienda, en el número 55 de la calle Pardo Bajo.
Los indignados ferrolanos colocaron pancartas y señales además de fijar en el portal del inmueble un cartel en el que se podía leer el artículo de la Constitución sobre el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.
La concentración se inició a las 09:00 horas ya que el desahucio había sido fijado para las 10:30 horas de hoy por orden judicial.
Sin embargo, la Xunta, propietaria de la vivienda a través del Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo (IGVS), optó por postergar el desahucio a la espera de realojar a los cinco menores.
Óscar, uno de los moradores de la casa, ha relatado a los periodistas, que reside en la vivienda junto a su madre, sus dos hermanas, su mujer, tres hijos y dos sobrinos desde hacía un tiempo.
Ha manifestado que todos los miembros de la familia están en el paro y sobreviven con una única paga de 426 euros al mes.
El desahuciado ha explicado que toda la familia abandonó la vivienda hace diez días y se trasladaron a otros dos pisos de alquiler, de los que no ha revelado su ubicación, por el "temor" a que los servicios sociales les retiren la custodia de los menores.
La vivienda, con tres habitaciones, salón, cocina y un baño, estaba en un estado pésimo de habitabilidad y conservación.
En una de las paredes del salón, el desahuciado mostró lo que parecían restos de amianto, un material cancerígeno que se empleaba como aislante en la construcción y prohibido hace décadas.
El IGVS adjudicó la vivienda en 1983 al exmarido de Carmen, otras de las residentes, con un coste mensual de unos 180 euros.
La familia residió en la casa con sus tres hijos hasta el divorcio.
La mujer se quedó en la casa pero el contrato continuó a nombre de su exmarido, aunque asegura que trató de subrogarlo sin éxito
La familia admite que únicamente abonó "los dos o tres primeros recibos" a la Xunta y aseguran que trataron de subrogarlo sin éxito para poner el contrato a nombre de la mujer.
El impago se fue acumulando mes tras mes durante décadas y el contrato se resolvió a mediados de los noventa.
Desde entonces, la administración autonómica y la familia están inmersos en un extenso proceso judicial de denuncias, apelaciones y recursos que concluyó en 2005 con una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declaraba "irregulares" a los diez moradores de la vivienda.
El desahucio se había fijado para hoy, pero efectivos de la Policía Nacional comunicaron que finalmente no se haría efectivo.
La familia asegura que no tiene constancia formal de que la Xunta haya propuesto el desahucio y que únicamente conocen lo que les han trasladado los medios de comunicación.
Desde el movimiento 15-M han criticado que la Xunta desaloje a una familia sin recursos cuando hay más de "100 pisos vacíos en el barrio".
El abogado de la familia, Alejandro Cortizas, manifestó que iniciarán los trámites para solicitar una vivienda de protección oficial "habitable" para los cinco adultos y los cinco menores de Caranza.EFE
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