Ratifican condena a coronel colombiano por desapariciones en Palacio Justicia

Bogotá, 30 ene.- El Tribunal Superior de Bogotá ratificó hoy una condena de 30 años de prisión contra Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro del Ejército Nacional considerado responsable de al menos dos de una decena de desapariciones registradas en 1985 en la toma guerrillera del Palacio de Justicia en Bogotá.

La sentencia, igualmente, exhorta a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se establezca la responsabilidad penal del expresidente colombiano, Belisario Betancourt (Conservador 1982-1986), por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el seis y siete de noviembre de 1985.

"Se dispone exhortar a Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano", reza la sentencia de casi 900 folios.

Por su parte, el ministro colombiano del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que le resultaba "extraño" que se le pida a la CPI, investigar al expresidente Betancourt.

Vargas Lleras señaló que entre las "muchísimas razones" para oponerse a esa petición es la de que no hay una denegación por parte de la justicia colombiana y que la CPI actúa cuando la justicia local no opera.

La ratificación de la condena a Plazas Vega a 30 años de cárcel confirmó la sentencia de junio de 2010 por la jueza María Stella Jara, que defendía que no todas las víctimas fallecieron en el Palacio de Justicia, asaltado en noviembre de 1985 por guerrilleros del M-19.

Así, los magistrados Hermens Diario Lara, Alberto Poveda y Fernando Pareja reconocieron en el fallo de 900 páginas de extensión la desaparición en los hechos del trabajador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez y de la subversiva Irma Franco.

Sin embargo, el tribunal determinó que debe proseguir la investigación y procesamiento de los autores de la desaparición de las otras víctimas.

Los magistrados exhortaron al Gobierno a hacer un acto de perdón hacia las víctimas en los próximos tres meses y dispusieron que el fallo debe permanecer publicado durante un año en las páginas web del Ministerio de la Defensa y de la Presidencia.

Otra de las determinaciones apunta a que ninguna unidad militar del país lleve el nombre de Plazas Vega, quien además deberá ser recluido en un lugar que no hiera la dignidad de las víctimas, como es la guarnición militar en la que actualmente cumple condena.

Los hechos comenzaron el 6 de noviembre de 1985 con la irrupción de cerca de cuarenta rebeldes del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) en la sede judicial, situada en el centro histórico de Bogotá, y terminaron al día siguiente, con el edificio reducido a escombros por las llamas y las armas pesadas.

Tras la irrupción de los guerrilleros, las Fuerzas Militares pusieron en marcha una operación para retomar el control del Palacio de Justicia, hecho que se conoce como "retoma".

Como planteó en 2009 la Comisión de la Verdad, creada para esclarecer los hechos, en esa acción se hizo un uso excesivo de fuerza y no se atendieron los llamamientos tendentes a proteger la vida de quienes quedaron como rehenes en el edificio.

Además, previo a la incursión, y como también expusieron los magistrados autores del informe, todo el personal de fuerza pública que tenía a cargo la protección del Palacio fue retirado de manera inexplicable.