Barcelona.- El departamento de Salud de la Generalitat prevé que un 50% de las interrupciones voluntarias del embarazo se traten en las unidades de atención primaria de ginecología de Cataluña, en una parte de las cuales se podrá recetar el uso de una píldora abortiva hasta las siete semanas de gestación.
La consellera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa en Barcelona los detalles de la aplicación en Cataluña de la nueva Ley del Aborto, que tendrá un período transitorio de adaptación hasta diciembre para, ya en enero, ser aplicada en su totalidad.
El Govern espera que el próximo mes de enero las unidades de atención ginecológica (ASSIR) puedan recetar unas píldoras específicas que tienen como principio activo el Misoprostol para los abortos, ya que, por el momento, este medicamento está autorizado pero no se comercializa y su uso es exclusivamente hospitalario.
El objetivo es que las mujeres que se ven abocadas a interrumpir su embarazo reciban la máxima información y atención médica en centros lo más próximos posibles a su población de residencia, ha indicado la directora adjunta a la Dirección de Planificación y Evaluación del departamento, Dolors Costa.
Actualmente, Cataluña cuenta con 42 unidades de atención a la salud sexual y reproductiva de atención primaria, pero no todas podrán dispensar la citada píldora abortiva, ya que previamente se requiere una autorización para disponer de la misma.
Mientras se autoriza el uso de la píldora abortiva, que se utilizará sólo hasta la séptima semana de embarazo, el gobierno catalán adaptará su sistema para la prestación de las interrupciones voluntarias de embarazos con un plan de acción específico en el que tendrá un papel primordial el teléfono Sanitat Respon (902 111 444).
Geli ha recomendado hoy a las mujeres que opten por interrumpir su embarazo que llamen lo más pronto posible a este teléfono de atención sanitaria, donde se les ofrecerá orientación de a dónde deben dirigirse para ser tratadas, básicamente a las trece clínicas privadas autorizadas para realizar abortos existentes en Cataluña.
Una vez realizado el aborto, las mujeres podrán solicitar a la administración catalana que les reembolse totalmente el coste del tratamiento, que suele oscilar entre los 350 y los 600 euros, en función del número de semanas de embarazo.
La consellera ha indicado hoy que, por el momento, "no hemos hecho un cálculo" de lo que supondrá para el presupuesto de la Generalitat sufragar estas operaciones.
En los hospitales públicos se atenderá, como se hacía hasta ahora, los embarazos en los que peligra la vida de la madre o la del feto, que ascendieron a 747 casos (el 3% del total de abortos) el año 2008, según datos de Salud.
La nueva Ley de interrupción voluntaria del embarazo garantiza el aborto hasta la semana 14 sin argumentos médicos, mientras que hasta la semana 22 se prevé por causas médicas, ya sea por grave riesgo para la salud o la vida de la embarazada o por anomalías del feto.
No hay un plazo determinado cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, si bien en estos casos intervendrá un comité clínico que valorará la situación médica.
Esta ley fue especialmente polémica por lo que se refiere a las menores de 16 o 17 años, a las que corresponderá en exclusiva dar el consentimiento para interrumpir sus embarazos, si bien la ley requiere que la madre, el padre, el tutor o un representante legal estén informados de la decisión y la acompañen.
En 2008, se realizaron 25.260 abortos en toda Cataluña, de los que 12.088 se efectuaron a mujeres extranjeras (33,3%) y 13.172 (8,9%) a autóctonas, según datos facilitados hoy por Salud.
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