Sanidad: la joya de la Corona pierde brillo

Teresa Díaz

Madrid, 13 dic.- Gobierno, partidos políticos, profesionales y pacientes. Todos coinciden en que el sistema sanitario es la joya de la Corona del Estado del Bienestar, pero los recortes y la sombra de la privatización están haciendo que pierda brillo.

Desde el Ministerio de Sanidad se asegura que las medidas aprobadas por el Gobierno, que incluían un ajuste de 7.000 millones de euros, van encaminadas a garantizar el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el derecho de los españoles a una sanidad universal, gratuita y de calidad.

Un sistema sanitario "en quiebra" y aquejado por una deuda de 15.000 millones de euros "heredada" del Gobierno socialista son motivos más que suficientes, según la ministra Ana Mato, para justificar las reformas.

No obstante, eslóganes como "con la salud no se juega" o "la sanidad no está en venta" han sido recurrentes en muchas de las protestas que se han sucedido durante un año en el que el copago farmacéutico, el euro por receta, la 'desfinanciación' de más de 400 medicamentos o la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares han hecho tambalear los cimientos del sistema sanitario.

Un Sistema Nacional de Salud reconocido y envidiado fuera de nuestras fronteras, cuya sostenibilidad parece amenazada en esta época de crisis en la que el Gobierno intenta atajar el déficit público recortando el gasto.

Y es que la sanidad no se ha librado de la tijera, aunque los responsables políticos insisten en que no se trata de recortes sino de ajustes.

También las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia sanitaria, han prescrito sus propias recetas para atajar el problema.

La más polémica, el plan de reestructuración del Gobierno de Madrid que prevé, entre otras medidas, la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales y la no sanitaria de toda la red pública, y que ha conseguido por primera vez tener enfrente a toda la profesión médica.

Las batas blancas se han puesto en huelga, se han encerrado en una veintena de hospitales de la región y han inundado las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública.

La decisión, primero de Cataluña y luego de Madrid, de cobrar un euro por receta, no ha gustado a los ciudadanos ni al Gobierno central, que tiene intención de acudir al Tribunal Constitucional si ambas comunidades no se avienen a retirar la medida.

La sanidad "está muy enferma, casi en riesgo vital, y necesita pasar un tiempo en la UCI", han llegado a advertir algunos dirigentes del PP.

El real decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del SNS, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril con la intención de ahorrar 7.000 millones de euros, ha sido el primer "tratamiento" para intentar curarla.

Entre las medidas, el copago farmacéutico en función de la renta, que involucra por primera vez a los pensionistas en el pago de las medicinas, contestado desde la oposición al considerar que supone un "impuesto a la enfermedad".

Tampoco ha sido bien acogido, especialmente por las asociaciones de pacientes, el hecho de que los ciudadanos tengan que pagar una parte del transporte sanitario no urgente o de las prótesis.

La retirada de la tarjeta sanitaria a los "sin papeles", que se hizo efectiva el 1 de septiembre, ha levantado ampollas en amplios sectores de la sociedad, que reclaman una sanidad universal y no excluyente.

Los farmacéuticos han empezado a alzar sus voces ante los impagos de los diferentes gobiernos autonómicos que, según vienen denunciado, están literalmente "asfixiando" a las farmacias, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde ya se han producido desabastecimientos de fármacos.

El establecimiento de una cartera básica de servicios -otra de las medidas acordadas por el ministerio para garantizar las mismas prestaciones a todos los ciudadanos, independientemente de donde residan- no ha estado exenta de polémica.

Desde la oposición y algunas asociaciones científicas y de pacientes se teme que se iguale a la baja, excluyendo de la financiación pública prestaciones esenciales, como las mamografías, lo que durante un tiempo caldeó el debate.

La ministra de Sanidad ha tratado de poner fin a la incertidumbre en diversas ocasiones al incidir en la importancia de estas pruebas como método de prevención eficaz ante el cáncer de mama y rechazar su salida de la nueva cartera de servicios.

Como nota positiva, el descenso del gasto farmacéutico, que ha supuesto un ahorro de 1.061 millones de euros hasta finales de octubre, gracias a medidas como la bajada del precio de los medicamentos o la generalización de la receta por principio activo.

La reforma de la Ley del Aborto, que pivota en torno al Ministerio de Justicia, o la decisión sobre si continúa o no la dispensación sin receta de la "píldora del día después" están todavía sin resolver.

Se acaba el año y el tan anhelado Pacto de Estado por la Sanidad, ofertado por Mato en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, sigue sin firmarse. Habrá que esperar a 2013. EFE

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