Sólo 730 de los 750.000 inmigrantes sin tarjeta se costea la asistencia sanitaria

Sólo 730 personas migrantes en situación administrativa irregular en España de las cerca de 750.000 que se han quedado sin tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre de 2012 paga entre 60 y 157 euros al mes para ser atendido en centros de salud, según afirma Amnistía Internacional en un informe hecho público este lunes.
El informe, titulado ‘Sin tarjeta no hay derecho’, fue presentado en una rueda de prensa en Madrid coincidiendo con el tercer aniversario de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto ley que exige a las personas inmigrantes sin papeles, salvo algunas excepciones, pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la primaria. La norma entró en vigor el 1 de septiembre de 2012.
El Gobierno aseguró en una respuesta parlamentaria en enero de 2014 que esta reforma sanitaria afectaba a un total de 748.853 personas, lo que rebaja la cifra inicial de 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, denunció que cientos de miles de personas siguen sin tarjeta sanitaria, la ausencia de evaluación del impacto en sus vidas y el “caos administrativo” en la aplicación de esta norma por parte de las comunidades autónomas.
Beltrán calificó de “tremendo” que casi 750.000 inmigrantes en situación irregular se hayan quedado sin tarjeta sanitaria y añadió que “es difícil encontrar una violación de derechos humanos con tantas personas afectadas”.
Apuntó que “sólo 730 personas” hasta diciembre de 2014 se han acogido a algún tipo de “convenio especial” por el que se costea la atención sanitaria, que les obliga a pagar entre 60 y 157 euros mensuales para beneficiarse de asistencia de salud en igualdad de condiciones, con la excepción de los medicamentos, que no están cubiertos.
“A pesar del drama que suponen estas violaciones de derechos humanos, no tenemos constancia de que las autoridades hayan hecho algún tipo de evaluación sobre los efectos de la reforma y su impacto sobre la salud. Tampoco sabemos cuánta gente se quedó sin ir al hospital simplemente por miedo de ser cobrado y por eso no fue”, añadió.
“PASO POSITIVO” DE ALONSO
Beltrán comentó que la reforma sanitaria ha producido un “caos administrativo” entre las comunidades autónomas que ha provocado incluso “el incumplimiento del propio real decreto ley”, como el cobro del servicio de urgencias.
En este sentido, indicó que algunos gobiernos regionales han elaborado su propia normativa (Navarra y País Vasco), otros han desarrollado programas o sistemas para ampliar la cobertura (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia), otros incluyen excepciones al real decreto ley para determinadas enfermedades (Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid) y uno “no lo ha aplicado de forma completa: Castilla-La Mancha”.
Beltrán consideró “un paso positivo” las declaraciones del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, pero reprochó que detrás de este anuncio se esconda el argumento de que los inmigrantes acuden mucho a urgencias, cuando Asturias ha aportado recientemente datos de que estas personas lo hacen con una media de tres veces al año, por siete de los españoles. “El acceso a la salud sigue sin ser considerado un derecho”, apostilló.
Además, criticó al Gobierno español por no cumplir las recomendaciones de una decena de organismos de Naciones Unidas ni las recomendaciones del Defensor del Pueblo, así como por rechazar varias iniciativas legislativas contrarias al real decreto ley de 2012.
“GRAN DESINFORMACIÓN”
Por su parte, Koldo Kasla, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe presentado este lunes, explicó que algunos “problemas comunes” de la reforma sanitaria son que “es imposible acudir a especialistas para que hagan un seguimiento de cualquier problema detectado en urgencias”; la “gran desinformación” entre las personas afectadas, como lo demuestra que sólo 730 de los cerca de 750.000 inmigrantes que pueden acogerse a un “convenio especial” paga por recibir asistencia sanitaria, y el “temor” de estas personas por el “efecto disuasorio” de la norma en cuanto a lo que les pueda suceder en relación a su situación administrativa.
El informe se centra en los casos de Castilla-La Mancha, por ser la que con mayor contundencia ha aplicado el real decreto ley y que emite facturas a las personas inmigrantes en unos casos sí y otros no, y la Comunidad Valenciana, que, pese a poner en marcha un programa especial que beneficia a unas 3.500 personas excluidas del sistema sanitario, no ha restituido la universalidad del derecho a la salud y expide automáticamente compromisos de pago a los extranjeros que acuden a la sanidad pública.
Por otro lado, Pilar Botija, miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y del observatorio Odusalud, señaló que el real decreto ley vulnera tanto el derecho fundamental a la salud como el código deontológico médico, porque “de un día para otro” los profesionales sanitarios han dejado de atender a inmigrantes sin papeles “con una situación socioeconómica muy vulnerable”.
“La gente está viviendo en nuestra comunidad y no sabemos cuál es su estado de salud. Nos preocupa su salud individual y también la salud colectiva”, añadió, antes de precisar que el hecho de que haya que pagar ha disuadido a los inmigrantes de acudir a los centros de salud. “Poco a poco han dejado de venir y eso lo hemos visto los médicos”, apuntó.
En la rueda de prensa habló Patricio Cancino, chileno con 15 años de residencia en España e hijo de dos personas afectadas por la reforma sanitaria: Ismael, de 82 años, y Rosa, de 83. Los tres viven en Palomeque, a medio camino entre Toledo y Madrid, desde 2003.
Cancino explicó que sus padres tenían tarjeta sanitaria, pero en el centro sanitario les dijeron que no podían atenderles más con la entrada en vigor de la norma de 2012 y relató las dificultades de que sean atendidos sanitariamente a pesar de que tienen diversas dolencias.