Sortu. Jpd cree que los derechos políticos "han de primar" sobre la supuesta continuidad con batasuna


El portavoz de la asociación Jueces por la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, considera que, una vez que los estatutos de Sortu han "cumplido correctamente" los requisitos de la Ley de Partidos, los derechos fundamentales de participación política "han de primarse" sobre el criterio de la supuesta continuidad con Batasuna, que debe aplicarse de un modo "muy restrictivo".
Ramírez reconoció, en declaraciones a Servimedia, que la eventual ilegalización de la nueva formación política registrada por la izquierda abertzale se puede acometer no sólo a través de sus estatutos, sino que la Ley de Partidos "contempla también la posibilidad" de excluirlo si se da una "continuidad con formaciones ilegales anteriores".
En esta tesitura, el portavoz de JpD señaló que lo que tiene que hacer el Gobierno, si entiende que se da dicha continuidad, es analizar, por medio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, "quiénes son las personas físicas que integran provisionalmente los órganos de dirección" de Sortu o han actuado como promotores de este partido.
"A partir de ahí", prosiguió, "si ven que hay continuidad y que estas personas están condenadas por terrorismo o tienen vinculación con formaciones ilegales, pueden presentar las pruebas a la Sala 61 del Tribunal Supremo", que se pronunciará sobre ellas "de forma independiente".
Para Ramírez, "lo bueno es que hay un control judicial", porque, constató, hay dos "derechos fundamentales" en juego, como son el de participación política y el de creación de partidos, y "hay que ser muy restrictivos manejando ese criterio de la ley", por más que haya sido avalado por el Supremo y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde su punto de vista, y siempre partiendo de que aún no se conoce el contenido del recurso del Gobierno contra Sortu, "han de primarse unos derechos fundamentales que son muy relevantes". Además, apuntaló, "no es de recibo que una parte de la ciudadanía vasca se quede sin representación política, siempre que el partido en cuestión rechace la violencia como, a su juicio, hacen los estatutos de Sortu.

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