Un marco-prostíbulo de gerona hacía “fichar” a las mujeres con su huella dactilar

La Policía Nacional ha desarticulado en Gerona dos redes que traficaban con mujeres de Rumanía y que controlaban un marco-prostíbulo en La Junquera, donde se obligaba a las afectadas a “fichar” con su huella dactilar al inicio de cada servicio.
Según informó la Policía, las víctimas eran captadas en Rumanía, cuando aún eran menores de edad y les ofrecían falsos trabajos en España como cuidadoras de niños y ancianos. Además de ser sometidas a malos tratos e, incluso violadas, las jóvenes eran obligadas a pagar el papel higiénico y los análisis de sangre a las que se les hacía someterse.
En el marco de esta operación hay 19 personas detenidas, entre ellas los principales cabecillas de ambas organizaciones ilegales. También se ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macro-prostíbulo de La Junquera, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios.
La intervención policial ha permitido determinar que los arrestados blanqueaban dinero a través de una red de empresas que tenían un capital social de 11,5 millones de euros. También trasladaban efectivo a Rumanía sirviéndose del conductor de una línea de autobuses que enlazaba con este país.
En cuando a las jóvenes prostituidas, eran sometidas a continuas amenazas, palizas e, incluso, violaciones y los miembros de la organización las mantenían permanentemente controladas. Los arrestados llegaban a utilizar escáneres dactilares que registraban tanto el inicio de la jornada laboral de cada mujer como cada uno de los servicios sexuales que realizaban.
CAPTADAS EN RUMANÍA
Las investigaciones comenzaron hace casi un año, a partir de la denuncia de varias víctimas de la organización en Rumanía. Éstas explicaron que un ciudadano de nacionalidad rumana estaba captando mujeres menores de edad en su país, en la zona de Braila.
Se ofrecía a estas mujeres trabajo como cuidadoras de niños y ancianos, tras lo cual se las trasladaba a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución. La Policía puso entonces en marcha una complicada operación que, tras meses de investigación, ha permitido llegar hasta la cúspide de ambas organizaciones.
El primero de los grupos desmantelados estaba compuesto por ciudadanos de nacionalidad rumana y asentado en la región de su país de Braila, de donde procedían la mayoría de las víctimas.
Los arrestados contaban con una estructura perfectamente organizada y piramidal y gozaban de gran respeto entre otras organizaciones de proxenetas de su misma nacionalidad. Aparecían, incluso, en vídeos de un conocido portal informático, en el que artistas famosos rumanos dedicaban canciones al líder de la organización.
VIOLACIONES
Durante la investigación, los agentes comprobaron que este grupo utilizaba la violencia en sus actuaciones y adoptaba numerosas medidas de seguridad, como cambiar continuamente de domicilios, vehículos y teléfonos. También se observó que su líder iba siempre acompañado por un guardaespaldas de la organización y alardeaba de su capacidad económica, frecuentando habitualmente casinos, donde llegó a gastar hasta 14.000 euros en una sola noche.
Igualmente se realizaron pesquisas para verificar los datos aportados por las denunciantes sobre el funcionamiento de esta red y se comprobó que efectivamente se dedicaban a captar mujeres cuando aún eran menores de edad. Esto hacía más fácil engañarlas y, aprovechándose de una situación de necesidad, las ofrecían trabajo como cuidadoras de niños o ancianos.
En algunos casos las víctimas llegaban a sentirse afortunadas por formar parte de este poderoso clan y caían en el error de querer satisfacer todas las demandas de sus explotadores, lo que reportaba a éstos enormes beneficios.
Las jóvenes eran trasladadas a España nada más cumplir los 18 años para ser explotadas sexualmente en macro-prostíbulos. Una vez en nuestro país y para doblegar su voluntad, los miembros de la organización las violaban en numerosas ocasiones como “ejercicio de entrenamiento”, las amenazaban continuamente y las golpeaban.
CONTROL A DISTANCIA
El segundo grupo desmantelado era responsable de regentar un macro-prostíbulo en La Junquera. Este club era propiedad de un matrimonio afincado en una zona residencial de Valencia, desde donde controlaban en tiempo real todo lo que ocurría en el prostíbulo a través de un sistema de video-vigilancia.
En este local las mujeres eran explotadas sexual y laboralmente, permaneciendo en situación de semi-esclavitud. Las víctimas eran obligadas a realizar jornadas de doce a catorce horas y a hacer uso de lectores de huella dactilar tanto al inicio de la jornada, como de forma previa a cada servicio sexual. Los datos así registrados eran enviados a un ordenador central instalado en el club, que permitía el control de cada una de las mujeres de forma permanente, así como al domicilio de los propietarios del mismo, situado a cientos de kilómetros de distancia.
El club exigía a las mujeres un cumplimiento estricto de los períodos de trabajo y las obligaba a pagar 70 euros diarios para mantener “la plaza”, incluso los días que no ejercían la prostitución. Se llegaba a facilitarles esponjas vaginales para que pudieran seguir manteniendo relaciones sexuales durante el período menstrual y eludir ser penalizadas económicamente por inasistencia.
Además de este alquiler, las víctimas debían hacer frente a una serie de gastos generados por la actividad, que incrementaban notablemente los beneficios obtenidos por los responsables del prostíbulo. Pagaban cinco euros por gastos de electricidad, dos por cada rollo de papel higiénico o siete por el jabón. Preservativos, lubricantes, servicio de lavandería, comida, agua, refrescos o tabaco también tenían que adquirirlos en el local a precios desorbitados.
ANÁLISIS DE SANGRE
Para exprimir aun más a las víctimas económicamente, la organización había instalado inhibidores de frecuencia de telefonía móvil en el club para obligar a las mujeres a usar los teléfonos públicos instalados en el mismo y de paso restringían aún más su libertad de movimientos. Además, para poder trabajar, estaban obligadas a realizarse análisis de sangre mensualmente, en un laboratorio elegido por la dirección del prostíbulo, pagado por ellas.
Las investigaciones han permitido constatar envíos regulares de dinero al extranjero, realizados por el lugarteniente del dueño del club, de nacionalidad alemana, a través de distintas empresas de envío de dinero, a cambio de las correspondientes comisiones.
Este individuo, además, facilitaba inmuebles de alquiler a los proxenetas y las víctimas, y dirigía una flota de conductores que se encargaban de transportar a las mujeres desde el domicilio al club y viceversa, cobrando 15 euros por trayecto. Otro método empleado por la organización para sacar los beneficios obtenidos de nuestro país era con la colaboración directa de los chóferes de una empresa de autobuses de línea regular de viajeros con Rumanía, a los confiaban el dinero, paquetes e incluso víctimas con destino a España.
En torno a esta actividad delictiva, se ha descubierto todo un entramado de “sociedades tapadera”, utilizadas para blanquear parte de los beneficios obtenidos, concretamente mercantiles con un capital social superior a 11,5 millones de Euros, numerosos inmuebles con un valor catastral superior a dos millones de Euros, varios vehículos de alta gama e, incluso, un barco de 19 metros de eslora.