Santiago de Chile, 5 nov.- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile rechazaron hoy que tres adolescentes mapuches hayan comparecido esposados y engrillados en un tribunal del sur de Chile.
Las instituciones denunciaron la falta de proporcionalidad en las medidas coercitivas utilizadas en el caso, en que los adolescentes mapuches, de 14, 16 y 17 años, fueron llevados con esposas en las manos y grilletes en los pies a una audiencia judicial tras ser acusados de agresión a carabineros en una manifestación.
La situación ocurrió a comienzos de la semana en Collipulli, a 580 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía, donde existe desde hace un año un conflicto por las reclamaciones de comunidades indígenas sobre la propiedad de tierras que consideran ancestrales y que están en manos de empresas agrícolas o forestales.
Familiares de los jóvenes y otros asistentes a la audiencia registraron en fotografías el trato a los adolescentes, que fue considerado "degradante y atentatorio a su dignidad" por el Intendente (gobernador) de La Araucanía, Franscisco Huenchumilla.
El intendente recordó, en una declaración pública, que de la querella presentada a raíz de los incidentes que originaron la causa judicial, "se excluyó expresamente a los menores" y que por lo tanto ellos "no son objeto de ninguna querella por parte de la Intendencia".
La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, tras reunirse hoy con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, calificó de "grave" lo sucedido y señaló que estos hechos "no pueden volver a ocurrir".
Con este fin, el Ministerio de Justicia anunció este miércoles la apertura de una investigación interna para determinar posibles faltas en el procedimiento.
Según informó el Ministerio en un comunicado, tras el conocimiento de estos hechos se revisarán las actuaciones de los funcionarios del tribunal, "en carácter de urgencia".
Este anuncio coincide hoy con el llamamiento realizado por Unicef y el INDH a la adopción de medidas necesarias para la adecuación de los protocolos de actuación y los procedimientos policiales y de Gendarmería (Servicio de Prisiones), en concordancia con las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing.
Según el comunicado de ambas organizaciones, "el Estado de Chile y su Sistema Judicial deben proporcionar a los adolescentes seguridad del reconocimiento y protección de sus derechos".
Eso implica, según las organizaciones, el resguardo de su integridad personal en la ejecución de órdenes de detención y traslados así como durante la comparecencia ante la autoridad judicial.
Asimismo, el informe recalca que "en todo el proceso debe primar el interés superior del niño, niña o adolescente".
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