Valencia, 3 oct.- Centenares de personas han vuelto a congregarse hoy en Valencia para recordar a los 43 muertos del accidente de metro de 2006 y exigir responsabilidades por lo ocurrido, tapándose simbólicamente los ojos para pedir a la Justicia que sea ciega e investigue lo ocurrido sin influencias externas.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del 3 de Julio de 2006, Beatriz Garrote, ha lamentado que la Justicia "se aleje de la realidad" y haga caso omiso a la percepción ciudadana de que el accidente de Metrovalencia "fue un delito".
La asociación ha celebrado esta tarde en la plaza de la Virgen su tradicional concentración mensual para exigir responsabilidades por lo ocurrido hace siete años.
"Hoy se cumplen 87 meses desde el accidente, 84 concentraciones denunciando que no se han asumido las responsabilidades", ha señalado Garrido.
Los asistentes han guardado cinco minutos de silencio con los ojos tapados con las manos, en un gesto con el que han querido pedir a la justicia que sea "ciega" y que "no distinga humildes de poderosos ni se deje influir por ninguna forma de poder".
Los miembros de la asociación han leído un manifiesto, dirigido en esta ocasión contra la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, quien el pasado 17 de septiembre desestimó la petición de la Fiscalía de reabrir el caso al entender que incumple los requisitos legales.
Esta jueza ya archivó la causa en febrero de 2008 al entender que la responsabilidad penal había quedado extinguida con el fallecimiento del conductor del convoy accidentado, decisión que fue ratificada dos meses después por la Audiencia Provincial.
Garrote ha criticado que la jueza "no entre en la investigación", y sostiene que una nueva prueba pericial determinaría si el estado de la unidad siniestrada pudo ser un factor a tener en cuenta en las causas que produjeron el accidente
La asociación ha leído también el escrito que han presentado hoy en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) dirigido a su director gerente, Pablo Cotino, en el que le solicita el "cese inmediato" de las personas que, a su juicio, "intencionadamente ocultaron pruebas relevantes para la investigación del accidente".
Asegura que el Ministerio Fiscal, en su recurso de apelación al auto de no reapertura del juicio incluye declaraciones del perito judicial en las que éste asegura que, en el momento de realizar la pericia, FGV no les facilitó datos sobre los descarrilamientos de la UTA.
"Queda judicialmente probado que FGV ocultó información relevante al perito judicial, que había sido solicitada por el mismo", según "confirma" el auto judicial, "con el agravante de que dicho informe pericial es el que ha servido de base para el archivo de la causa", denuncia la asociación.
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