El estado de Michigan declara a Detroit ciudad en "emergencia financiera"

Washington, 1 mar.- El gobernador del estado de Michigan, Rick Snyder, declaró hoy a Detroit ciudad en "emergencia financiera", por lo que probablemente será intervenida y gestionada por un equipo externo para reconducir su inmensa deuda.

En una aparición televisiva, Snyder explicó que una vez revisados los informes externos sobre la situación de la capital del sector del motor estadounidense "existe una emergencia financiera en la ciudad de Detroit" y "no es difícil justificarla".

Detroit, que ha pasado por crisis industriales, escándalos de corrupción y una despoblación récord de más del 60 % desde los años 1950, tiene que hacer frente a más de 14.000 millones de dólares de deuda a largo plazo y un déficit acumulado de 327 millones.

Para Snyder, "se ha llegado a esta situación por la despoblación dramática desde los 50: la ciudad tenía entonces 1,8 millones de personas y hoy 700.000 habitantes, y el gobierno no se ha ajustado de acuerdo con ello".

Desde ahora, la alcaldía de Detroit tiene diez días para recurrir la orden de intervención externa, que intenta poner las arcas en orden y con toda seguridad aplicará despidos de funcionarios y recortes para equilibrar los gastos.

El alcalde David Bing, demócrata y exestrella de la NBA, ha asegurado que cooperará con el equipo designado para reflotar la ciudad, aunque se esperan tensiones con el mandato del gobernador Snyder, republicano.

Detroit llegó a ser la cuarta capital más grande de los Estados Unidos y un prospero núcleo urbano donde ahora quedan como testigos edificios abandonados, como la estación de trenes y hoteles de lujos, vacíos desde su época dorada.

Detroit es un ejemplo único de la progresiva decadencia de la industria manufacturera estadounidense, a lo que se sumó la gestión deficiente de su presupuesto y los servicios públicos de sus alcaldes desde los años 1990.

La ciudad se convertirá casi con toda seguridad en la única gran capital estadounidense en ser intervenida por su delicada situación financiera, que no permite garantizar el mantenimiento futuro de los servicios públicos básicos o el pago de pensiones de sus trabajadores.