Almería, 19 abr.- La Fiscalía Provincial de Almería ha solicitado un año de prisión para el presidente del club de fútbol UD Almería, Alfonso García, y el exconsejero murciano Juan José Parrilla Cánovas, por la construcción de 300 viviendas en Cuevas del Almanzora (Almería) sin licencia municipal de obras.
En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe y que hoy publica "La Voz de Almería", el fiscal imputa a Alfonso García y a Juan José Parrilla, así como a otras seis personas, un delito contra la ordenación del territorio.
El juicio fijado para hoy por el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha sido aplazado a la espera de la notificación a las defensas de la personación en el caso de los compradores de una de la viviendas.
El fiscal solicita para cada uno de los imputados un año de prisión y una multa de dieciocho meses a razón de 30 euros diarios, así como la demolición de todo lo edificado y la reposición del terreno a su "primitivo estado" en un plazo de seis meses.
El resto de los procesados son Antonio S.H., Carlos P.M., Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G.
Según el fiscal, el presidente de la UD Almería, como representante legal de la mercantil AESUR, y Antonio S.H., de la sociedad Huma Mediterráneo, ambas en calidad de promotoras, y Carlos P.M., representante de Ferrovial Agroman, en calidad de constructor, "iniciaron y el algún caso concluyeron la edificación de unas 300 viviendas" en el paraje de Llanos de Jordana de Cuevas del Almanzora, en terreno no urbanizable.
Para ello contaron con la participación de los arquitectos Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G. como técnicos directores.
Asimismo, el ingeniero Juan José Parrilla Canovas, que fue consejero murciano de Política e Infraestructura Territorial de 1979 a 1984, "proyectó y dirigió las obras de urbanización necesarias para la posterior edificación", según el fiscal.
La finalidad de los promotores, continúa el escrito, era "edificar una urbanización conocida como Almanzora Country Club, que en una primera fase tenía proyectado ejecutar 1.794 viviendas".
Según el Ministerio Público, "todos los acusados, en atención entre otros factores a su propia cualificación profesional, sabían no solo de la inexistencia de licencia municipal de obras, sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables".
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