BLESA ASEGURA QUE LOS AUDITORES TENÍAN “PISTAS SUFICIENTES” PARA SABER QUE LAS TARJETAS ERAN UN COMPLEMENTO RETRIBUTIVO

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa insistió hoy en varios momentos de su declaración en el juicio por la 'tarjetas black' en que la entrega y utilización de esos medios de pago de uso discrecional no era algo oculto y llegó a decir que los auditores tenían “suficientes pistas” para saber que las tarjetas eran un complemento retributivo.
Reconoció que los usuarios de las citadas tarjetas estaban identificados en la caja con un número, pero insistió en que de habérselo reclamado, cada uno de los beneficiarios podría haber sido identificado con nombre y apellidos.
En suma, quiso transmitir al tribunal la idea de que este método retributivo era conocido y pudo haber sido sometido a fiscalización.
El fiscal preguntó en otro momento por qué había consejeros que no tenían PIN para sacar dinero de los cajeros, a lo que Blesa dijo no tener "la seguridad de que fuera así”. En todo caso, aseguró no saber “quién toma la decisión”, porque entiende que se trata de “una retribución que tiene el consejero y puede gastarla como le parezca oportuno".
Preguntado por la razón que permitió a algunos consejeros seguir gastando con la tarjeta después de dejar su cargo, el expresidente dijo no conocer ningún caso, no haberlo autorizado en primera persona y no saber de quién era responsabilidad esa decisión. Lo que sí puntualizó es que “cuando salí de la caja entregué la tarjeta y no la usé ni un minuto más”, tras abandonar el puesto.
PRIMER INTERROGADO
Blesa declaró esta mañana ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. Es el primero de los 65 encausados en declarar sobre el uso de tarjetas opacas por partes de directivos y consejeros de la entidad entre 2003 y 2012 por un importe superior a los 12 millones de euros.
En su declaración aseguró que “en 23 años ni la caja ni el Banco de España puso ninguna pega a las tarjetas”.
Al inicio de la vista, Blesa indicó que sólo respondería a las preguntas del tribunal, del fiscal y de abogado. Justo ante de comenzar la tercera jornada del juicio, el tribunal rechazó las cuestiones previas planteadas por las partes y por tanto Bankia y el FROB continuarán personados en el porceso por ser perjudicados por el gasto de las tarjetas.
El tribunal tampoco ha aceptado que se anulen como prueba los extractos bancarios en los que quedaban reflejadas las extracciones de dinero en metálico que se hicieron en cajeros automáticos con las tarjetas.
Blesa se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida de casi 50.000 euros. En su declaración, el expresidente de la caja aseguró que cuando aún era consejero de la entidad, el secretario general ya le entregó una tarjeta en 1994 como parte de su retribución, para gastos de libre disposición que no era necesario justificar.
Cuando accedió a la Presidencia, aseguró más tarde, “no me puse a revisar” si la entrega y uso de esos plásticos estaban respaldados por decisiones previas de los órganos de la caja.
En ese caso rigió el principio de “confianza”, el mismo que hizo que ningún consejero dudara de que en el certificado de retribuciones que se les entregaba anualmente para que hicieran la declaración de la Renta se incluía lo gastado con las tarjetas.
Blesa dijo al fiscal que desde la caja no se daba ninguna información a los consejeros sobre cómo hacer su declaración de IRPF, y simplemente, como se hacía con todos los empleados de la entidad, recibían cada año un certificado de haberes. “Todo el mundo estaba en la creencia de que las tarjetas estaban incluidas” en ese certificado y sólo a través de “los informes de Bankia supimos que no se incluían”.
Insistió en que ni los mecanismos de control interno de la caja ni el Banco de España pusieron “tacha alguna” a las tarjetas ni a su forma de uso.
Blesa reconoció al fiscal que tomó la decisión de elevar el límite de gasto de esas tarjetas en 1988 porque Caja Madrid había doblado su balance gracias “a la implicación de los consejeros”.
Explicó que tras tomar la decisión de aumento de límite, se la comunicaba al director de recursos humanos, Ildefonso Sánchez Barcoj, que se encargaba de ordenar la emisión de las tarjetas y el cambio del importe máximo que se podía gastar.