El fiscal del caso Bankia pide cinco años para Rato pero no ve falsedad contable

Rodrigo Rato, en la salida a Bolsa de Bankia
Rodrigo Rato, en la salida a Bolsa de Bankia
M.A.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pide cinco años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. El Ministerio Público reclama además otros cuatro años para el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, tres para el consejero José Manuel Fernández Norniella y dos para el consejero delegado Francisco Verdú. A todos ellos les acusa de un delito de estafa a los inversores, pero descarta la falsedad contable.

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Rato, como presidente de Bankia, según Luzón, era “plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y de su debilidad financiera”, pese a lo cual, “permitió la salida a bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz que ocultaba la situación crítica de Bankia”. A ojo de buena parte de los pequeños inversores, sus anteriores cargos de vicepresidente del Gobierno y de director gerente del Fondo Monetario Internacional, encarnaron “el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad”, añade.Situación crítica de BFA/Bankia 

Olivas, por su parte, como vicepresidente encargado de las sociedades inmobiliarias participadas por las cajas que se unieron en Bankia (la mayoría procedentes de su caja de procedencia, Bancaja), “conocía perfectamente la crítica situación de BFA/Bankia a la fecha de su salida a Bolsa”. Y lo conocía porque, en su anterior etapa en la entidad valenciana, “había autorizado operaciones [inmobiliarias] entre 2008 y 2010 que se caracterizaban por su falta de racionalidad económica”, algunas de las cuales, aprobadas en plena explosión de la burbuja, se investigan actualmente en la Audiencia Nacional.

En el caso de Fernández Norniella -consejero ejecutivo de Bankia- el fiscal le reprocha que conociera “la precaria situación” de Caja Madrid antes de integrarse en Bankia, ya que formó parte del consejo de esta última desde julio de 2006. Luzón valora además su “relación de plena confianza” con Rato que lo llevó, tras la dimisión de Olivas a la presidencia de Bancaja Hábitat, la principal participada inmobiliaria del banco, desde donde tuvo que conocer el deterioro de los activos inmobiliarios.

Por último, Verdú, “tuvo especial protagonismo en la salida a Bolsa”, al asumir, como consejero delegado de Bankia, “la responsabilidad por el contenido del folleto y la veracidad del mismo”, según el fiscal. Además, “procuró que se cubriera a toda costa el tramo mayorista de la inversión [el dirigido a los grandes inversores], imprescindible para que tuviera éxito la operación diseñada”.

El escrito se refiere al folleto informativo enviado por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en junio de 2011. El fiscal considera que la información sobre la entidad que recogía ese documento fue “incompleta” y “deficiente”, ya que “no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad”.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que cuentas con las que se presentó -los estados financieros de Bankia del primer trimestre de 2011 aprobados, entre otros, por los cuatro acusados- no pueden calificarse de falsas “en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador”. Luzón asegura además que las provisiones dotadas por la entidad y recogidas en el folleto eran suficientes."Esa consciente ocultación" 

Pero, según el fiscal, el hecho de que el folleto y las cuentas a las que se refería fueran materialmente correctas, no significaba que trasladara la deficiente situación financiera de la entidad. “Se ocultó así a los potenciales inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir nuevas ayudas”, mantiene el escrito de acusación.

“Esa consciente ocultación por parte de los acusados de la verdadera sitaución de la entidad para afrontar su futuro”, mantiene Anticorrupción, “se tradujo directamente en el perjuicio patrimonial ocasionado a quienes acudieron a la oferta pública de suscripción de acciones ignorando la capital circunstancia de que Bankia iba a necesitar a medio plazo mucho más capital adicional para corregir el deterioro imparable de sus activos crediticios”.

El escrito exculpa a Bankia y a BFA y pide que sean absueltas al valorar su “cultura ética empresarial”. Entre los hechos que le lleva a esa conclusión está la llegada de José Ignacio Goirigolzarri y su equipo y la reformulación de las cuentas de 2011, su colaboración a lo largo de la investigación judicial, su investigación sobre las ‘tarjetas black’ y la devolución a los pequeños accionistas del importe de su inversión.

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