Más de 370 oradores en nombre de consumidores, empresas y consultoras iniciaron el viernes tres días de debates sobre el precio del gas, rodeados de manifestaciones contra el 'tarifazo' aplicado por el gobierno y suspendido por la justicia.
Una sala para conciertos, la Usina del Arte, en un barrio del sur de Buenos Aires, se convirtió en una caja de resonancia de la polémica instalada por el intento del gobierno del presidente Mauricio Macri de aplicar un fuerte aumento tarifario.
La audiencia no tiene carácter vinculante, es sólo testimonial. Alrededor de la Usina del Arte se congregaron organizaciones sociales y de izquierda, con banderas y cánticos.
La consigna es "Pará la mano, Macri" (detiene tu política) y su objetivo es usar el foro como escenario de protestas.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, primer orador, dijo que se busca "un alza gradual" y propone aumentar 237% a clientes residenciales y 500% a empresas. Aranguren está en el ojo del temporal de las protestas de la oposición.
Hasta el jueves, Aranguren era dueño de 16 millones de acciones de la filial local de la multinacional Shell. Dijo que las vendió por recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA), que le planteó un "conflicto de intereses". La OA se hizo eco de las quejas por ser Aranguren beneficiario económico directo de las decisiones que toma como ministro.
La audiencia la convocó el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema. Fue a raíz de la oleada de amparos judiciales por el tamaño del ajuste que intentaba ser en abril de 200% hasta 2.000%, según el caso.
Frente al aluvión de demandas y manifestaciones callejeras, el gobierno macrista dio una primera marcha atrás al anunciar a mitad de año que ponía un tope de 400% para tarifas residenciales y de 500% para empresas. No surtió efecto, Ahora Aranguren propone otro ajuste hacia abajo en el caso de los residenciales.
La resistencia social al ajuste fue creciendo. El argumento del gobierno es que las tarifas estuvieron retrasadas por los subsidios que aplicaban los gobiernos peronistas de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
Los kirchneristas, ahora en la oposición, dicen que los subsidios fueron política de Estado para eliminar desigualdades y favorecer a los sectores de ingresos más bajos.
El macrismo está en las antípodas. Sostiene que se debe mejorar la rentabilidad de las empresas concesionarias de energía para evitar la desinversión.
Otro objetivo proclamado para el ajuste es bajar el déficit fiscal que se mantiene en el mismo nivel alto de casi 7% que tenía al terminar su mandato Cristina Kirchner en diciembre.
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