Según explica en un comunicado, esta petición responde a la consideración que hace el Real Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario relativa a la 'Valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico', sobre las que recae dicho impuesto municipal y puede modificarse con la actualización del valor catastral de este tipo de inmuebles.
Para la presidenta de ASAGA Canarias ASAJA, Ángela Delgado, esta situación es improcedente al entender que el pago del IBI sobre este tipo de estructuras repercute negativamente en las rentas de la actividad agropecuaria y merma su potencial y capacidad de desarrollo, motivo por el que considera que el abono máximo de la cantidad recaudada supondría un importante respaldo de la administración local al crecimiento de este sector.
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