Asaja, COAG y UPA piden la exención del impuesto de sucesiones para favorecer el relevo generacional

Así, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha recordado que ya le trasladaron a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, esta necesidad. "Los agricultores y ganaderos andaluces no pueden ser los únicos de España que tengan que renunciar a su actividad por no poder hacer frente a este impuesto al que los agricultores del resto de España no tienen que hacer frente", ha subrayado.

En esta línea, se ha mostrado a favor de una armonización fiscal nacional y ha aclarado también que "la falta de esta no puede constituir la excusa para aparcar esta reforma y perpetuar la injusticia que padecen los agricultores y ganaderos andaluces".

Según ha apuntado, uno de cada tres agricultores ha superado ya la edad de jubilación y un 55 por ciento supera los 55 años, por lo que deben reajustarse todas las políticas, incluida la fiscal, si se quiere evitar que el campo se quede vacío.

Asaja-A ha elaborado un informe en el que se analiza la formulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las 17 comunidades autónomas. "Tras analizar todas las legislaciones fiscales autonómicas se constata que todas, excepto Andalucía y Asturias, dan un trato de favor al relevo generacional en este impuesto ya sea porque lo tienen establecido con carácter general o contempla alguna deducción específica para el sector agrario", ha explicado.

Según ha indicado, la fiscalidad de Andalucía lleva a que "muchos agricultores que reciben una explotación, en el momento de la sucesión, no puedan asumir el pago de las cuantías del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y dado que no se admite la dación en pago con parte de la explotación, se ven obligados a renunciar a la herencia y por tanto a la continuidad de la explotación agraria".

Por todo ello, Asaja-A ha recordado este jueves a los responsables de Hacienda del PSOE y Ciudadanos las tres modificaciones básicas que reclaman. Por un lado, que no se exija el requisito de ejercicio habitual, personal y directo, y de principal fuente de renta, en la persona del causante, sino en los cónyuges, descendientes, y colaterales hasta el tercer grado, ya sea mediante contrato laboral remunerado con el titular de la explotación (tal y como se establece en la Ley del Impuesto de Patrimonio para sociedades) o mediante la explotación directa de estos, en caso de que les sean cedidas las fincas (por ejemplo en arrendamiento).

También reclama que no se exija el requisito de principal fuente de renta, o, en todo caso, exigencia sin incluir las ganancias y pérdidas patrimoniales y pudiendo cumplir los requisitos en cualquiera de los tres años anteriores al fallecimiento, o en cualquiera de los cinco años, en el caso de que se produzcan circunstancias excepcionales de daños reiteradamente, por motivo de sequías, heladas, inundaciones u otras causas similares.

Por último, pide establecer la posibilidad de pago del Impuesto con bienes de la herencia cuando no haya liquidez en la misma, esto es, la dación en pago.

COAG-A

Por su parte, COAG-A ha planteado que es fundamental priorizar al modelo profesional: "Sólo cuando la finca que se hereda vaya a tener un destino agrario, como actividad personal y directa del adquirente, se justifica social y políticamente la exoneración tributaria", ha declarado el secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, que ha participado en el encuentro.

Se trata, en definitiva, de coordinar las políticas agraria y fiscal del gobierno andaluz: "Si la política agraria gira en torno a la explotación prioritaria, la Junta debe ser coherente y primarla también en su política fiscal".

En ese sentido, COAG-A ha planteado que los profesionales deben verse priorizados en el ámbito fiscal, tal y como ya se hace en materia agraria, en aplicación de la ley 19/95 de modernización de las explotaciones.

En este sentido, COAG recuerda que actualmente existe una reducción de entre el 75 y el 90 por ciento cuando quien transmite o quien adquiere tiene condición de titular de explotación prioritaria o la alcanza con el bien transmitido.

No obstante, esta organización agraria entiende que se podría incrementar esta reducción, incluso hasta la exención total, y que sería conveniente introducir mejoras técnicas en la regulación de este tributo, para ganar eficacia en el objetivo de favorecer la explotación prioritaria, porque actualmente en su aplicación práctica hay disfunciones que impiden a todos los agricultores profesionales disfrutar de los beneficios previstos.

Así, COAG propone que se permita disfrutar de estos beneficios fiscales a todos aquellos que, sin tener condición de titular de explotación prioritaria, adquieran un compromiso firme de alcanzarla en un tiempo determinado. Igualmente, sería razonable establecer periodos transitorios para que quien no reúne esa condición ni tiene intención de hacerlo, pueda transmitir la explotación a un tercero que sí lo sea, disfrutando ambos del beneficio de la exención.

Por otra parte, COAG también ha trasladado que el impuesto de sucesiones plantea una problemática general, que alcanza a todos los ciudadanos, más allá de su condición de agricultores, especialmente la no progresividad del impuesto.

UPA-A

Por su parte, el secretario de la comisión gestora de UPA Andalucía, Roque García, se ha mostrado agradecido por que en un tema de ámbito global, como es este impuesto, los dos partidos hayan tenido en cuenta la singularidad y potencial económico que conlleva el sector agrario y ganadero andaluz.

UPA-A ha defendido que exista siempre un tratamiento diferencial para las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar, de manera que el que la reciba "viva en el medio rural y el empleo que se genere sea allí".

Así ha pedido mirar punto por punto las exenciones que ya existen en este ámbito en Andalucía y "ver por qué no se aplica y que problemas puede haber". De igual manera, ha llamado la atención sobre la necesidad de armonizar a nivel nacional dentro de una horquilla de cada comunidad.