Bruselas reclama a España una ley de lobbies para luchar contra la corrupción

Bruselas considera la ausencia de una ley específica que regule la actividad de los lobbies en España como una de las principales deficiencias del marco normativo nacional en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción política y la transparencia del proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo.

Así se lo ha hecho saber al Gobierno el Consejo Europeo - una suerte de Consejo de Ministros de los 27 - en su dictamen sobre el Programa Nacional de Reformas de 2017 del Reino de España, en el que insta al Ejecutivo a "regular las actividades de los grupos de presión" y también a adoptar otras medidas específicas anti-corrupción como resolver las lagunas en la legislación de protección a denunciantes y garantizar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

No es la primera vez que Europa afea a España su inacción en este campo. En Bruselas, donde la acción de los 'lobbistas' está regulada e institucionalizada desde siempre, se entiende mal que los grupos de interés españoles no dispongan de un cauce regulado para desarrollar su actividad, y esta carencia levanta sospechas.

Hace un par de años la ONG Transparencia Internacional evaluó en un informe las salvaguardas existentes en el marco legal de 19 países de la UE para prevenir acciones indebidas por parte de los grupos de interés. El resultado situó a España a la cola de Europa, particularmente en lo relacionado con la transparencia en la realización de las leyes y en la igualdad de acceso a los legisladores.

Lo sorprendente es que el asunto sí está en la agenda política. Tras el Debate del Estado de la Nación del año 2013 los grupos parlamentarios aprobaron una resolución en la que se comprometían a regular la actividad de los grupos de interés. El compromiso no tomó forma hasta el pasado mes de marzo cuando el Grupo Popular presentó una iniciativa que planteaba la creación de un Registro de Lobbies.  Éste, sin embargo, se limitaba al ámbito parlamentario y dejaba fuera de obligación alguna de transparencia al respecto al Gobierno, lo que ocasionó no pocas críticas en el arco parlamentario.Competencia y la Generalitat, precursores

El primer Registro de Grupos de Interés creado en España fue el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, activado en marzo de 2016 y en el que ya están registradas 433 entidades entre empresas y organizaciones empresariales, consultoras y asesorías, ONG, entidades científicas y de investigación y otro tipo de instituciones. La última alta registrada ha sido la de la FORTA, la plataforma de los entes públicos de televisión autonómicos.

La CNMC considera que la existencia de este registro, de carácter voluntario, es un imperativo de transparencia para una organización cuyas actuaciones determinan de forma tan evidente el funcionamiento de los mercado, pero también una garantía de legitimidad para las entidades inscritas en el mismo, ya que "no habrá mejor forma de acreditar la integridad de su actuación y por tanto el cumplimiento de sus respectivos manuales de conducta corporativos".

Pese a ello, la iniciativa continúa suscitando cierta incomodidad entre las principales empresas del país. Sólo Telefónica y Red Eléctrica Española, de entre las 35 empresas del Ibex, se han decidido a inscribirse en el Registro. Y ello a pesar de que la mayoría mantienen una permanente y en muchos casos muy activa relación con la CNMC, como se aprecia en la relación de reuniones con empresas de las que Competencia informa casi en tiempo real. 

Sólo entre junio y julio, por buscar una referencia, han pasado por los despachos de la CNMC representantes de Iberdrola, Endesa, Caixabank, BBVA, Santander o Enagas. Ninguna de estas empresas está dada de alta en el Registro.Registros autonómicos

El panorama autonómico no es mucho más alentador. La única comunidad autónoma que tiene ya activo un Registro de Grupos de Interés es Cataluña, que lo puso en marcha hace apenas seis meses, en febrero, y en el que ya se han dado de alta 2.286 entidades.

La Generalitat ha regulado la actividad de estos grupos de interés, les ha ofrecido información automática sobre los proyectos legislativos que les afecten como incentivo para que se den de alta y también les ha obligado a cumplir con una serie de requerimientos, cuya no observación puede derivar en multas de hasta 1.200 euros.

Registros similares se están tramitando o estudiando en Galicia, Asturias, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que prevé poner en marcha su propio Registro de Grupos de Interés a finales de 2017.