En este contexto, reclama un gran debate social sobre el futuro de la energía nuclear que no sea solo político y tecnocrático, sino que que defina qué modelo energético necesita, cuál debe ser su papel y durante cuánto tiempo funcionará esta fuente energética con la tecnología actual.
A su juicio, la central de Garoña podrá operar hasta 2031 "sin que la propietaria, Nuclenor, haya cumplido con las condiciones que estableció en 2015 para incrementar la seguridad, según lo reconocen sus propios inspectores".
Por ello, el sindicato considera que se abre un "peligrosísimo" precedente al "separar" la seguridad de las centrales de la autorización para su funcionamiento en "incrementar los riesgos intrínsecos" a esta tecnología.
"Es absolutamente irresponsable, sobre todo cuando se quiere ampliar la vida útil de todos los reactores más allá de los 40 años", añade la organización en un comunicado.
Además, le llama la atención que se de el "visto bueno" a Garoña cuando se ha puesto en evidencia la "ineficiencia del mercado eléctrico" y cuando, en su opinión, se han acrecentado las "sospechas de alteración de los precios" y el coste de la electricidad "escandaliza" a la ciudadanía. "Todos se llevan las manos a la cabeza salvo, naturalmente, el Partido Popular", sentencia.
CCOO recuerda que en abril de 2016 Iberdrola cuestionó la viabilidad económica en caso de tener que hacer las inversiones a las que le obligaba el Consejo de Seguridad Nuclear.
Por ello, alerta del riesgo que supone para los ciudadanos un CSN, cuya finalidad es garantizar el uso de una forma de energía que exige el máximo control de los riesgos, sea "instrumentalizado por partidos políticos que anteponen el interés económico de las empresas eléctricas a la seguridad".
Finalmente, solicita también reactivar el plan económico para el entorno de Garoña por un importe de 100 millones de euros y que fue paralizado en 2012 por el Gobierno del Partido Popular.
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