Camioneros de Colombia levantan paro de 46 días tras acuerdo con gobierno

El gobierno de Colombia y los camioneros en paro desde hace 46 días por mejoras sectoriales anunciaron este viernes un acuerdo para levantar la protesta, que dejó un muerto y varios heridos y causó desabastecimiento, alza de precios y pérdidas millonarias.

"Se ha llegado a un acuerdo (...) realista y equilibrado" para poner fin al paro de trasportistas iniciado el 7 de junio, declaró el presidente Juan Manuel Santos, quien celebró esta "oportunidad para generar un sistema de transporte de carga justo y transparente".

Poco antes, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y representantes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, que reúne a los cuatro grandes gremios de transportistas en paro, habían anunciado el levantamiento de la medida.

El compromiso de las partes "es dar soluciones de fondo a los problemas que han estado presentes durante décadas" en el sector, como el recambio de vehículos y actualización de precios de costos operativos, dijo el ministro Rojas.

"Se ha llegado a un acuerdo, un acuerdo muy elaborado (...) que ante todo es estructural (...) y satisface las necesidades", afirmó por su parte Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transporte de Carga (ATC), uno de los líderes del paro.

Con esto "queda formalmente levantada la movilización camionera nacional en todo el territorio colombiano", indicó.

Unos 54.000 conductores de los 280.000 registrados en el país participaron en el paro, según fuentes sectoriales.

La movilización, que de acuerdo con el gobierno generó pérdidas cercanas a los 680 millones de dólares, registró una mayor violencia en las últimas semanas, dejando un manifestante muerto en el departamento central de Boyacá, uno de los epicentros de la protesta.

Los camioneros reclamaban la puesta en marcha efectiva de un fondo de "chatarrización", un controvertido programa del sector que regula cupos y competencia y es investigado por la Fiscalía por presunta corrupción.

También pedían la puesta en vigor de programas sociales para los conductores, mayor seguridad en las vías, la reducción del costo de peajes y combustibles, y el establecimiento de una tabla de fletes.

En los acuerdos, el gobierno se compromete a que la renovación del parque automotor de vehículos de carga pesada siga siendo por reposición, en un sistema conocido como "1 a 1", en el que por cada camión que empiece a circular se debe destruir otro.

Para evitar corrupción, estipula que se autorizará la auditoría de una firma "de los más altos estándares".

Tampoco se establecerá vida útil para los vehículos de transporte de carga.

Además, el gobierno se declara dispuesto a hacer "una revisión, ajustes y correcciones, en los casos en los que se requiera, de la política de costos y relaciones económicas del sector".

El ministerio reconoció que hay "distorsiones en el mercado del transporte" y que por ello "actualizará" el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE) en temas como peajes, combustibles y mantenimiento, entre otros.

Por otra parte, Rojas afirmó que se buscará tecnificar y dignificar la labor de los camioneros, para lo cual construirá una "política integral de trabajo decente" para los conductores y pequeños propietarios de vehículos de carga, que vele por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

El acuerdo también señala que los cancilleres de Colombia y Ecuador se reunirán en un plazo máximo de dos meses para escuchar las demandas de los transportistas de ambos países.