En un comunicado este viernes, la Plataforma de clientes afectados BPA ha expuesto que la administración pública andorrana debe obligar a las entidades reguladas a cumplir con las normas y procedimientos vigentes en el Principado y velar por su correcto funcionamiento, y eso "no se ha hecho o se ha hecho mal".
Los 370 millones corresponden al dinero que estos clientes --entre los que no se incluyen los accionistas del banco-- tenían depositado en la entidad, y la reclamación administrativa --que se puede alargar cuatro meses-- es el paso previo a la vía judicial.
Los afectados, representados por S&M Advocats Associats, argumentan que "la omisión negligente de este deber de las administraciones mencionadas es lo que ha propiciado que se haya llegado a la situación actual" de liquidación del banco.
Asimismo, consideran que la intervención realizada contra la entidad tras el aviso del Tesoro de Estados Unidos hace un año sobre presunto blanqueo de capitales --ahora retirado-- fue "una medida totalmente desproporcionada, improcedente y fuente de todos los males".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios