El Consejo Provincial de Consumo estudia los derechos al contratar hipotecas

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha presidido la reunión del consejo provincial, en el que se integran las organizaciones de consumidores Facua, UCA y Asociación de Amas de Casa Virgen del Mar, junto a la Asociación de Empresarios de Almería, Asempal.

En el encuentro, según ha informado la Junta en una nota, además de esta ley de protección en el consumo de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda de Andalucía, se han abordado también asuntos como la actualización de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que afectan a la tramitación de denuncias y las subvenciones en materia de Consumo para asociaciones y organizaciones de Andalucía.

Este consejo tiene, entre otras funciones, la de actuar como órgano de mediación para la resolución de conflictos relacionados con el consumo de bienes y servicios y la promoción de la colaboración y el diálogo entre las organizaciones empresariales y de los consumidores.

La ley para la protección de los derechos de usuarios y consumidores al contratar préstamos y créditos hipotecarios tiene como principales objetivos proporcionar información y herramientas "para tratar de acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza".

El objeto de la ley, según el artículo 1, es garantizar la protección de estas personas regulando la "transparencia y el acceso a la información" que se les debe facilitar en la suscripción de préstamos o créditos hipotecarios sobre una vivienda.

El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha afirmado que se trata de un proyecto en el que se recogen diversas medidas que "avalan la transparencia" en la que se han de desenvolver las relaciones entre las entidades y los usuarios, para que de esta manera, desde antes, y en el momento de la firma de las obligaciones contraídas por ambas partes "se informe al prestatario de los términos concretos aplicables en la vida del préstamo".

CAMBIOS EN LA LEY

El proyecto de ley prevé la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios.

Además, por parte de la Administración andaluza, mediante la creación de órganos sectoriales de mediación, se impulsará la mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que los afectados puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso.

"Esta ley se encuadra en la línea estratégica que se ha marcado el Gobierno andaluz en esta legislatura de consolidar derechos ciudadanos y preservar las garantías de los mismos frente a toda tentación de retroceso que pudiera suponer una merma en los niveles de protección ciudadana", ha recordado el delegado.

En la nueva norma se prevé que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá que las empresas prestamistas que otorguen préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda incluyan en las condiciones generales o específicas de contratación la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, pudiendo tener las personas consumidoras información sobre las empresas adheridas al mismo.

En la misma línea de "reforzar" la defensa de los intereses de las personas, el proyecto de ley incorpora la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago de las rentas de alquiler.

El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.

Además, establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece que se promoverá la elaboración del modelo 'Contrato de Préstamo Hipotecario de Confianza' con la participación de la Junta y de las asociaciones de consumidores, entre otras.