UGT DENUNCIA LA “TIBIEZA POLÍTICA” CON LOS PARAÍSOS FISCALES Y PIDE EXTREMAR LA VIGILANCIA TRIBUTARIA

UGT denunció este domingo la “tibieza política” que permite que aún existan paraísos fiscales y reclamó extremar la vigilancia tributaria sobre las grandes corporaciones y fortunas, “muchas de las cuales utilizan artificios fiscales para eludir el pago de impuestos”, y dotar de más recursos a las agencias tributarias.
En un comunicado, el sindicato hizo esta consideración con motivo del Día contra los Paraísos Fiscales, que se celebra mañana, lunes, y que fue declarado por el Foro Social Mundial.
Según las estimaciones del Parlamento Europeo, la UE pierde anualmente alrededor de 70 billones de euros en ingresos fiscales debido a las prácticas de evasión fiscal, lo que representa algo más del 16% de la inversión pública de la UE, una cifra a la que, si se le suma la elusión fiscal, permitiría financiar políticas sociales muy necesarias, según indicó el sindicato.
UGT, que forma parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal, hizo un llamamiento a participar en las distintas acciones previstas el 3 de abril para reivindicar el fin de los paraísos fiscales y la elusión fiscal.
La organización sindical también destacó que la elusión y evasión fiscal que siguen practicando, de forma habitual, muchas de las grandes fortunas y corporaciones empresariales y financieras, que emplean los paraísos fiscales y que suponen una merma de los ingresos tributarios de 250.000 millones de euros.
“Los políticos siguen sin querer taponar” este agujero “negro”, mientras siguen imponiendo políticas de recorte y austeridad, denunció.
Asimismo, UGT consideró que el paquete de lucha contra la evasión fiscal puesto en marcha por la Comisión Europea el año pasado camina “con lentitud” y tiene carencias “muy relevantes”, por lo que pidió acelerar este proceso adoptando medidas como publicar los informes de lo que pagan las multinacionales en cada país donde operan, armonizar los Impuestos de Sociedades de todos los Estados Miembros o reduciendo los límites en que las corporaciones pueden deducir el pago de intereses de sus ingresos imponibles.