Esta explotación es "incompatible" con sectores clave como la agricultura, ganadería, turismo o el medio ambiente y la Diputación considera que "la minería no es un sector estratégico para la provincia", dice la declaración.
También se reafirma en el texto el compromiso de la Diputación "con todos y cada uno de los municipios" de la provincia, a la hora de facilitar el asesoramiento técnico necesario y "para velar diligentemente por el cumplimiento estricto de la legislación vigente" en lo que referido a solicitudes de permisos de explotación, investigación y concesión presentados.
También pone a disposición de los ayuntamientos los servicios técnicos al servicio de los municipios "a la hora de materializar la defensa de sus intereses" mediante la personación o recurso en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, la moción traslada un mensaje de "serenidad" a la ciudadanía, en especial a los vecinos de las poblaciones afectadas y muestra la "confianza" de la Diputación en la "profesionalidad y el riguroso trabajo" de los técnicos de la Junta de Castilla y León y en la "seguridad de que estudiarán de forma objetiva y al detalle" las solicitudes presentadas "valorando todas las alegaciones" y "salvaguardando siempre los intereses de todos los abulenses conforme a derecho".
El texto también solicita a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la revisión de la legislación estatal en materia minera, en concreto la Ley 22/1973 de 21 de julio, con el objetivo de que "todos los elementos" descritos en la moción "se incorporen" a la tramitación de proyectos mineros.
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