El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha defendido la contratación que se ha llevado a cabo en el Canal Isabel II Gestión, empresa que preside, frente a todo tipo de "especulaciones" que están saliendo, aunque ha advertido de que actuarán en el caso de detectarse irregularidades.
En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero madrileño ha señalado que el Canal de Isabel II es "quizá la empresa pública que mayor número de organismos de control tiene" y que cuenta hasta con una propia comisión de auditoría dentro de su Consejo de Administración.
Pero, a continuación ha añadido que aunque "es verdad que en torno al Canal han aparecido muchas noticias", en su opinión, "ninguna ha tenido ningún contenido concreto" porque "se habla de especulaciones, fundamentalmente".
"La realidad es que el Canal es una empresa pública que funciona fantásticamente bien, tiene unos resultados espectaculares con 200 millones de beneficios anuales, con dividendos para los más de cien municipios que son accionistas y hasta la fecha no he visto nada concreto que objetar a la contratación del Canal", ha señalado.
Dicho esto, ha añadido que "por supuesto", si algún día apareciera algún procedimiento irregular o algún comportamiento irregular serían "los primeros en condenarlo y en tomar las medidas oportunas" por su parte e incluso, si procediera, acudir a la justicia.
"Pero lo cierto es que hasta ahora ha habido mucho publicado pero nada que haya concretado algún problema o irregularidad en los procedimientos de contratación del Canal", ha insistido.
Garrido ha hecho referencia a uno de los temas que salieron en la comisión del estudio sobre el endeudamiento de la Comunidad que se celebra en la Asamblea de Madrid, donde se habló de la existencia de tres facturas con la agencia de espionaje Método 3 en el Canal.
Ha asegurado que "fue exclusivamente para el seguimiento de tres empleados sobre los que se sospechaba que estaban cometiendo algún tipo de fraude laboral" y que "otra cosa es que se quiera mezclar ese asunto con espionaje o seguimientos de otra naturaleza".
En cuanto al resto de contrataciones, ha insistido, "no ha habido absolutamente ningún problema". En este punto, se ha referido al caso de Hispanagua, y ha señalado que "curiosamente la persona a la que se ponía en cuestión -- el exdirector de esta filial del Canal Gerardo Díaz García, imputado por prevaricación en la operación Tosca-- llevaba más de 30 años en el Canal.
"Fue contratado cuando gobernaba el PSOE y es una persona que difícilmente se le pueda achacar que haya habido algún tipo de trato de favor o de prebenda por parte de los gobiernos del PP", ha apuntado Garrido, quien ha añadido, además, que esta persona en comisión defendió haber sido él el que descubrió el fraude dentro de Hispanagua.
"Él se expone como la persona que lo detectó y por tanto tampoco ha habido nada sobre él", ha indicado Garrido, quien ha añadido que lo que se ha hecho, en cualquier caso, es "apartarle de cualquier puesto de dirección hasta que no se aclarase el asunto".
"Hay mucha especulación, mucho comentario pero nada concreto que haya demostrado alguna irregularidad en el Canal, pero si algún día se demostrara alguna actuaremos con absoluta contundencia", ha apuntado.
RUIDO QUE NO BENEFICIA
Con todo esto, Garrido ha reconocido que se hace "ruido" y que este ruido "nunca es beneficioso para una empresa pública", que en su opinión "es modélica en muchos sentidos y está a la cabeza de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid".
"Hay que intentar entre todos separar el grano de la paja", ha apuntado Garrido que, si bien ha dicho que tiene que asumir cualquier crítica que se quiera formular sobre la gestión del Canal, es "muy importante" poner por un lado la gestión "que es muy buena", gracias a los 2.500 trabajadores excepcionales de la legítima crítica política".
Así, ha explicado que cada día están tomando medidas para una "mayor transparencia" y que, por ejemplo, ya se puso en marcha la página web de transparencia del Canal. También ha recordado que han presentado las cuentas que han sido auditadas por KPMG y que ellos mismos han dicho que," precisamente por haber visto bastantes noticias del Canal en prensa, han hecho una auditoría aún más profunda y no se ha detectado ningún problema".
"Estamos tomando medidas para mayor tranquilidad de todos, de los ciudadanos y de los grupos políticos, pero hay que hacer un ejercicio de responsabilidad de poner sobre la mesa cuando se detecta una irregularidad pero no hablar de especulaciones", ha reiterado el consejero.
NO PUEDE HABER ESPIONAJE
Preguntado por el caso de supuesto espionaje que se originó en su consejería hace años y que ahora está en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid, Garrido ha indicado que "no puede haber ningún departamento en la Comunidad de Madrid o persona que trabaje en semejantes asuntos".
"Cuando escucho las declaraciones de determinadas personas en esta comisión quedo escandalizado", ha reconocido Garrido, que desconoce si lo que cuentan "es verdad o es mentira" --será algo que decida la justicia-- "pero no puede haber nada que tenga que ver con esto".
En este punto, ha recalcado que las funciones de seguridad de la Comunidad "no hacen relación en ningún momento" a que tengan la "facultad de poder espiar ni observar lo que hacen políticos o cualquier otra persona". "Está fuera de lugar", ha apostillado.
DEFENSA DE EX ALTOS CARGOS
También se ha pronunciado sobre si la Abogacía de la Comunidad debe pagar los servicios jurídicos de ex altos cargos del Gobierno, y tras explicar que en estos momentos, no se está pagando la defensa de ningún expresidente o exconsejero, ha señalado que cuando se hace es bajo el criterio de legalidad e independencia.
"Si alguien ha actuado conforme a la legalidad, según interpreten nuestros servicios jurídicos, y se encuentra dentro de un proceso judicial por aquello que le compete como directivo de la Comunidad puede ser defendido", ha explicado, al tiempo que ha defendido la independencia de estos servicios.
"Lo digo claramente, un consejero no puede ordenar a los servicios jurídicos cometer una ilegalidad porque ellos mismos me dirían a mí que no se puede hacer. Actúan con total independencia, y esto es una garantía para todos", ha dicho.
Asimismo, se ha referido al caso concreto de los trabajadores del Canal, y ha explicado que los directivos tienen un seguro que les defiende de cualquier problema, "siempre y cuando no se demuestre que haya habido un delito doloso porque en este caso, el interesado tendría que devolver las cantidades que el seguro ha abonado para su defensa".
Este seguro lo tienen desde que gobernaba el PSOE con Joaquín Leguina como presidente de la Comunidad, ha dicho. "Creo que es razonable que los directivos tengan un seguro que les defienda en caso de imputación por problemas que se deben de su trabajo como directivo del Canal, no de cualquier otra naturaleza", ha añadido.
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