Los precios se desaceleraron en Brasil en junio al marcar una variación de 0,35%, menos de la mitad que el mes pasado, y acumula 8,84% en la medición a doce meses, en momentos en que el país atraviesa una profunda recesión, revelaron el viernes datos oficiales.
La inflación, que en mayo había sido de 0,78%, suma un 4,42% en lo que va del 2016, y ya está cerca del centro de la meta anual de 4,5% (más o menos 2 puntos), según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal).
En el primer semestre del año pasado los precios acumulaban un alza de 6,17%.
La firmeza de los precios coincide con una honda recesión económica iniciada en el segundo trimestre del 2015, año en que el PIB se contrajo 3,8% y que proyecta arrastrarse al 2016.
Pese al enorme déficit fiscal, una caída de la recaudación impositiva y una tendencia creciente en el desempleo, el gobierno estimó el jueves que la economía volverá a crecer en 2017: un modesto 1,2%. Durante el primer trimestre del año, el PIB se achicó un 0,3%.
El aumento de los precios en junio fue impulsado por el costo de los alimentos y bebidas, que saltó 0,71%, y por el de salud, que creció 0,83%.
Analistas del mercado consultados por el banco central esperan que el año cierre con una inflación de 7,27%, por encima del techo de la meta oficial de 6,5%.
La entidad rectora del sistema financiero brasileño es más optimista y espera una tasa de 6,9%. En su último informe trimestral, el banco central proyectó que los precios aumentarán 4,7% en 2017.
Brasil terminó el año pasado con una inflación de 10,67%, la mayor en 13 años, que se conjugó con la mayor caída del PIB en 25 años.
Según los operadores del mercado, la economía brasileña se contraerá 3,35% en 2016 y el país tendrá su primer bienio recesivo desde la década del 30.
A un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, Brasil enfrenta graves problemas económicos y políticos, con la presidenta Dilma Rousseff suspendida y al borde de perder su mandato en un juicio político, acusada de haber violado la Constitución al autorizar gastos sin la aprobación del Congreso.
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