Lizárraga (Podemos) sostiene que la ley de la Junta para evitar desahucios es "un pacto con la banca"

Lizárraga ha realizado estas declaraciones a los medios antes de visitar, junto a la diputada de su formación por Granada, Ana Terrón, las oficinas del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios en esta capital andaluza.

Allí ha puesto de manifiesto que los desahucios siguen siendo "un problema importante" para Andalucía, que junto a Cataluña son las dos comunidades españolas con un mayor número de ejecuciones hipotecarias.

Así, solo en el tercer trimestre de 2016 se registraron 2.151 ejecuciones hipotecarias en esta comunidad, según ha precisado la presidenta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, para quien la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está "desbordada" con este problema.

"La Junta dijo que iban a traer una de las legislaciones más novedosas de toda España y nos hemos encontrado con que el Consejo Económico y Social dice que el anteproyecto tiene una serie de defectos que van a impedir que tenga eficacia y que dé solución a las personas que están sufriendo desahucios", ha censurado.

A juicio de Podemos Andalucía, la norma puede crear "falsas expectativas" pues puede "parecer que se va a realizar la compra de todas aquellas viviendas sobre las que existe una ejecución hipotecaria", lo que esta formación descarta y lo interpreta en todo caso como "un nuevo rescate a la banca", al estarse "comprando unos activos con poco valor en el mercado, con difícil venta y difícil alquiler".

Ha subrayado en este contexto que a su entender la norma no cuenta con suficiente presupuesto y tendrá una eficacia muy limitada, además de poder favorecer los guetos y lo ha contrapuesto con la "medida realmente garantista" que necesita la comunidad andaluza.

Ha recordado en este sentido la aprobada en Cataluña de la mano de la plataforma de afectados por la hipoteca y que PSOE y Ciudadanos aprobaron allí, mientras que la "rechazaron" en Andalucía, al tiempo que ha trasladado la pretensión de su formación de volver a llevar esta legislación garantista al Parlamento andaluz en busca de un acuerdo de los grupos.