En un comunicado se ha informado de que estas organizaciones siguen considerando que "se trata una medida injusta, insolidaria y, posiblemente ilegal e inconstitucional", por la discriminación hacia los ciudadanos de las comarcas de la Cuenca Minera de Huelva, de la Sierra de Huelva, y del Andévalo --más 72.000 personas--, para las cuales dicho hospital es su centro de referencia", y en concreto, "se puede estar violando entre otros, el artículo 14 de la Constitución".
Desde el día 11 de marzo de 2016, estas organizaciones ya comenzaron a reivindicar que se paralizase la implantación de la citada Zona ORA por lo que entendían que era un proceso "recaudatorio, en base a los enfermos, mediante el aparcamiento".
A este hecho, hay que sumar nuevas actuaciones del Ayuntamiento que desde estos grupos han tachado de "discriminatorias" al realizar una separación "entre quienes sean residentes y quienes sean forasteros".
Según han incidido estos grupos en el comunicado, aquí el Ayuntamiento "introduce la segregación, el trato desigual y discriminatorio, no por razón del mayor o menor uso, sino por la razón del lugar de empadronamiento de la persona que use el aparcamiento", lo que constituye un abuso discriminatorio, en perjuicio y contra los enfermos, familiares y visitantes de enfermos, no empadronados en la localidad".
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