El Parlament tramita la ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, ha asegurado que esta norma tiene "mentalidad de Estado" y que responde a la agenda modernizadora del Govern y de Catalunya, puesto que la última ley referente a los puertos se aprobó en 1998 y ha quedado obsoleta.

"Queremos que sea una ley del país, no del Govern. Que sea un gran instrumento para generar progreso, prosperidad y para modernizar el país", ha destacado en su intervención, y ha añadido que la norma se ha concebido para gestionar los 45 puertos de titularidad de la Generalitat y los dos puertos de titularidad estatal, el de Barcelona y el de Tarragona.

Las principales virtudes de la ley, según Rull, son la previsión de autofinanciación de los puertos, la apertura de las instalaciones portuarias a las ciudades, la generación de actividad económica, deportiva y cultural y la adaptación del entorno marítimo a los retos que plantea el cambio climático.

El texto de la norma define una nueva organización administrativa portuaria y, entre otras novedades, prevé que los puertos deportivos se identifiquen por categorías según la calidad de las instalaciones y los servicios.

La diputada de JxSí Neus Lloveras ha criticado la enmienda a la totalidad de C's y ha afirmado que la formación naranja la ha retirado porque "ha visto que no tendría ningún apoyo", ha defendido que la nueva ley es una estructura de Estado y ha subrayado la necesidad de aprobarla para adaptarse a los cambios que ha habido desde 1998.

Por parte de C's, la diputada Marina Bravo ha advertido de que "el Govern se empeña en seguir en un mundo de ficción ", ha opinado que es una ley que es ambigua intencionadamente y la ha tachado de tramposa y engañosa porque no beneficia a los catalanes.

Jordi Terrades (PSC) ha explicado que los socialistas están de acuerdo con la cuestión de la autofinanciación del sistema portuario y ha añadido que "se deben mejorar algunos aspectos de la ley", como el régimen de concesiones y la convivencia entre las playas, los puertos y las instalaciones náuticas.

La diputada de SíQueEsPot Hortènsia Grau ha manifestado que en la norma "hay intereses confrontados que requieren coordinación y colaboración", ha advertido de que se deben incorporar elementos de prevención y lucha contra la contaminación y definir mejor los mecanismos de colaboración y lealtad institucional que prevé el texto.

Por parte del PP, el diputado Alberto Villagrasa ha asegurado que la ley es una ordenación de las normativas que afectan a los puertos, se ha mostrado convencido de que "no es una ley que pretenda ser una estructura de Estado" y ha defendido el impacto económico positivo de los puertos sobre las poblaciones.

Sergi Saladié (CUP) ha criticado que esta ley "es claramente autonomista, tiene una escasa regulación del impacto ambiental y prima la gestión privada orientada al sector náutico de lujo y a los cruceros", y ha avisado a JxSí de que no darán su apoyo a esta normativa si no se producen cambios sustanciales.