FACUA SE QUEJA DE QUE LA CNMC SIGUE SIN DAR RESPUESTA A SU DENUNCIA CONTRA VOLKSWAGEN

- Por el fraude de las emisiones . Facua-Consumidores en Acción se quejó este miércoles de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin dar respuesta, seis meses después, a su denuncia contra Volkswagen por el fraude de las emisiones en sus vehículos.
En un comunicado, la organización de consumidores se lamenta así después de conocerse que el homólogo de Competencia italiano ha resuelto multar por los mismos hechos a la multinacional alemana, que tendrá que pagar cinco millones de euros, el máximo que recoge la legislación del país, por engañar a los consumidores que adquirieron vehículos diésel fabricados entre 2009 y 2015.
Facua considera que la multa impuesta por el órgano de Competencia italiano es, en cualquier caso, “ridícula, dadas las proporciones de un fraude que afecta a millones de vehículos en todo el mundo”.
El fraude, que afecta a alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo, tiene casi 700.000 en España, señaló la asociación, que recordó que el pasado septiembre denunció el caso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La institución resolvió, según Facua, que mientras estuviese abierto el procedimiento penal en curso en la Audiencia Nacional no podía iniciar actuaciones.
Ante esta decisión, la asociación presentó un recurso, que fue estimado parcialmente por la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, el cual requirió el pasado febrero a la Dirección de Competencia que estudie si se dan las circunstancias para incoar expediente sancionador.
“Seis meses después, el organismo sigue sin aclarar si emprenderá estas actuaciones”, lamentó Facua, que añadió que también ha presentado una batería de denuncias ante las autoridades de consumo de las 17 comunidades autónomas. Hasta la fecha, sólo Andalucía y Castilla-La Mancha han abierto expedientes sancionadores contra el Grupo Volkswagen.
Facua considera “escandaloso” que, casi un año después de que estallase un escándalo que afecta a alrededor de 700.000 propietarios de vehículos en España, las autoridades competentes “no hayan tomado las medidas necesarias para proteger los intereses de los consumidores”.
La asociación puso en marcha en septiembre una plataforma de afectados para asesorarles sobre sus derechos y plantear reivindicaciones a las autoridades competentes. A ella se han sumado más de 42.000 usuarios de toda España.