EL TRIBUNAL DE CUENTAS CIFRA EN 122.000 MILLONES LOS RECURSOS PÚBLICOS COMPROMETIDOS EN LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

- Entre 2009 y 2015. El Tribunal de Cuentas estima que los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria en España como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015 ascienden a 122.122 millones de euros.
Así se recoge en el ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios de 2009 a 2015’, aprobado por la institución, en el que se explica que esta cuantía se refiere al importe monetario de todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos adoptados una serie de entidades fiscalizadas en ejecución de los procesos de reestructuración.
En concreto, las entidades fiscalizadas son el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre de 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito que sustituyó a los anteriores, y el Banco de España, como institución supervisora del sistema financiero.
La fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones.
Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.
COSTE ARCAS PÚBLICAS
Sin embargo, aclara el Tribunal de Cuentas, “no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público”. Según las estimaciones realizadas por la institución, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (46.021 millones de euros).
Además, explica que la estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración.
De esta forma, señala, “para interpretar adecuadamente el dato de coste estimado al cierre de 2015, debe tenerse en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, como la venta de acciones de entidades en las que el Frob aún participaba al 31 de diciembre de 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe”.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas observa que, en líneas generales, las entidades fiscalizadas han cumplido “adecuadamente” la normativa reguladora en las actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración y resolución bancaria, durante el periodo 2009-2015, aunque llama la atención sobre algunos aspectos y hace una serie de recomendaciones.
Así, destaca la necesidad de que el Frob apruebe, para cada procedimiento de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución, un documento en el que se regule el citado proceso.
También considera que tanto el Frob como el Fondo de Garantía de Depósitos deberían establecer un sistema de contabilidad analítica que permita conocer, de forma directa e inmediata, los recursos que se aplican a cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos.