Santander guarda 6.000 millones para pleitos en plena compra del Popular

La gran incógnita del Popular, que ahuyentó a los bancos deseosos antaño de engullirlo, son los futuros quebrantos que heredará el comprador. El Santander reconoció ayer que, con la operación, se expone a una avalancha de demandas de factura impredecible por la falta de precedentes en una resolución como la diseñada ad hoc para el sexto banco español, pero relativizó la contigencia desvelando que tiene acumulada una hucha de 5.712 millones de euros para todo tipo de litigios.

Se trata de las provisiones acopiadas a finales de 2016 para las numerosas reclamaciones de índole legal y fiscal que le afectan a lo largo y ancho del mundo, cuando el desenlace del Popular ni se sospechaba, pero que apuntan, justo cuando se propone levantar 7.027 millones de euros en capital, el pulmón para encarar quebrantos. De esa cuantía, algo más de la quinta parte están apartadas por discrepancias fiscales en distintos países y el resto para compensar a clientes por venta inadecuada de productos -sobre todo en Reino Unido y Alemania- o por reclamaciones de otra índole como las legales, que le afectan principalmente en Brasil.Más de 1.000 millones por cláusulas suelo

La integración del Popular lleva implícita de partida hacer frente a compensaciones por cláusulas suelo, un quebradero de cabeza del que el Santander se iba a librar al ser unas de las escasísimas entidades que no las comercializó y con lo que ahora le tocará lidiar. El Popular tenía 511 millones dotados para esta contingencia, aunque internamente asumió que la factura se elevaría a 1.000 millones en el escenario “más severo y no probable”, revela el Santander entre la documentación difundida ayer con motivo del lanzamiento de la ampliación de capital. Según el grupo cántabro, el peor escenario podría, incluso, exceder la mayor cuantía de movilizarse todos los clientes a los que fijó topes de interés en sus hipotecas con éxito en los tribunales.

El mayor foco de riesgo es, no obstante, la riada de querellas que se avecina por parte de accionistas y tenedores de deuda que vieron desaparecer sus inversiones de la noche a la mañana cuando la junta de resolución europea (Jur, por sus siglas en inglés) ejecutó el rescate del Popular. Según algunos cálculos, los afectados podrían aspirar a compensaciones de entre 2.000 y 4.000 millones de euros sin que haya visibilidad clara sobre a quién o qué institución exigirán el resarcimiento.

En la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander asume que puede ser objeto de querellas, así como el Popular y los exgestores, directivos e, incluso otros empleados de la franquicia adquirida. Los bufetes de abogados creen que tienen opciones de recuperar su inversión aquellos accionistas que suscribieron la ampliación de capital ejecutada en 2016 por el Popular dentro de una estrategia para enderezar su rumbo y con unos balances posteriormente enmendados bajo la efímera presidencia de Emilio Saracho; si se demuestra que las cuentas con la que acudió a los mercados eran irreales.

El Santander se desliga claramente de cualquier responsabilidad vinculada a la propia intervención del Popular, recordando que lo compró después de que el mecanismo único de resolución forzase el autorrescate dejando a cero la inversión de accionistas y bonistas, cuya despatrimonialización es susceptible de ser la razón que desborde los tribunales, pidiendo responsabilidades, incluso, a los organismo que diseñaron el salvamento del Popular.

La consolidación apenas desviará al Santander de su proyección de ganar 3.600 millones de euros en el primer semestre y ayer desveló que el Popular ha conseguido frenar la sangría de liquidez que firmó su defunción como entidad independiente. “Desde la adquisición, la base de depósitos de Banco Popular ha comenzado a recuperarse”, detalla el grupo, cuyo manguerazo de 13.000 millones de euros permitió al sexto banco español abrir sus sucursales escasas horas después de su intervención y compra.

La prioridad estratégica marcada por la nueva gerencia nombrada por el Santander es recuperar el pulso comercial y, según detalló el grupo cántabro, aumentar el negocio de pymes. Bajo su control, ha elevado del 14,91 al 20% el ratio de morosidad reconocido por el Popular, después de meses de negarse a detallarlo, y que aumenta del 3,6 al 5,4% la morosidad total del grupo cántabro. Y es que incorpora más de 36.000 millones activos improductivos, entre los que se incluyen inmuebles por un valor bruto de 17.500 millones -6.500 millones netos, después de los saneamientos-. Su objetivo número uno es reducir dichos activos tóxicos, algo que le empleará menos de tres años o un plazo “significativamente más corto si las circunstancias de la demanda y los precios de mercado lo permiten”.

Su integración obligará igualmente a renegociar o romper las antiguas alianzas del Popular -WiZink, en seguros con Allianz, etc-, un camino iniciado con la recompra del 51% que el banco no poseía en Aliseda. La intención es absorber por completo el banco dentro del Santander, aunque este ejercicio es susceptible de comprometerle más de un año e, incluso, dos.La UE vigila su relación con el Popular

De partida, el Santander desveló ayer que las prisas con las que se decidió la operación le han impedido obtener los preceptivos permisos en Europa y fuera. La Comisión Europea otorgó una dispensa de autorización preliminar que fija ciertas cortapisas. Entre ellas, impone un comité o monitoring trustee para supervisar las relaciones intrabancos a fin de que el Santander intervenga en el Popular lo imprescindible para cumplir con los requisitos regulatorios y de solvencia, sin poder acometer además la integración operativa hasta que reciba el visto bueno formal del Ejecutivo comunitario.

La transacción está pendiente además de los preceptivos permisos de las autoridades bancarias y de supervisión de seguros en países donde opera el Popular como el Estado de Florida, Portugal o México.