(VIDEO)SIXTO (IU) CONSIDERA QUE LAS ELÉCTRICAS DEBERÍAN ASUMIR EL COSTE DEL SUMINISTRO A LOS HOGARES VULNERABLES

- Advierte de que un millón de hogares puede perder el bono social si se aplican criterios de renta. El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad “es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social”.
Así se expresó Sixto, diputado de Unidos-Podemos, en una entrevista con Servimedia en la que sostuvo que “está claro que tampoco se puede cargar exclusivamente a las haciendas municipales con este coste, que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones”.
A este respecto, señaló que la Comisión de Energía “va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir”.
“Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo”, añadió.
En esta línea, apuntó que “son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad”.
REGULACIÓN ESTATAL
Por otro lado, pidió al Gobierno de Rajoy que aborde este problema, porque “el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo”. “El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido”, apostilló.
En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana que la Generalitat cree que Gas Natural Fenosa podría no haber respetado en el caso de la anciana de Reus (Tarragona) muerta en una incendio causado por una vela que utilizaba para iluminarse por no tener luz eléctrica.
Además, Sixto considera necesario hacer que las empresas a la hora de suministrar los datos puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y “eso las compañías son las que más posibilidad tienen de poder visibilizarlo”.
Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.
BONO SOCIAL
En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que “parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste”.
Sin embargo, advirtió de que “hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica”, ya que considera que hasta ahora “ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más””.
Esto, según Sixto, “ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido”. “Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar”, sentenció.
“El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos”, advirtió.
“Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste”, lamentó.