El gobierno estadounidense intenta neutralizar las amenazas de gobernadores estatales de bloquear los esfuerzos para aceptar refugiados, argumentando que se trata de una política federal y en consecuencia, los legítimos refugiados deben gozar de libertad de movimiento.
Un alto funcionario de la administración que solicitó mantener el anonimato, dijo a los periodistas que el programa "es una orgullosa tradición estadounidense que no solamente salva vidas sino que también enriquece nuestro país y nuestra nación".
Cerca de la mitad de los gobernadores de los 50 Estados estadounidenses, junto al presidente de la Cámara baja, el republicano Paul Ryan, urgieron a Obama a suspender el plan para admitir a 10.000 refugiados sirios en el presente año fiscal.
"Este es un programa federal desarrollado bajo la autoridad de la ley federal y los refugiados que llegan a Estados Unidos están protegidos por la Constitución y la ley federal", dijo el alto funcionario a los periodistas.
Luego de los últimos ataques en París, los opositores al programa argumentan que agilizar las llegadas como prometió Obama, llevará a la flexibilización de los criterios de seguridad, una eventualidad rechazada por expertos de la administración.
Otro alto funcionario, que también solicitó mantener el anonimato, dijo que Estados Unidos ya controla los datos de millones de viajeros y "ciertamente puede adaptar" los controles al relativamente pequeño número de refugiados sirios.
"Requerirá alguna adaptación y flexibilización, pero creo que está claramente dentro de nuestra capacidad", declaró.
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