España afronta bajo mínimos de medios la lucha contra el fraude económico

Apenas 1.500 inspectores de Hacienda, de los que la mitad están en puestos directivos, se encargan de control de más del control fiscal de unas 30.000 empresas. Y menos de 80 profesionales forman el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Estos son los poderes del Estado contra el delito fiscal, el blanqueo de capitales y la utilización de paraísos fiscales.

Las cifras contrastan con la ofensiva que el Estado ha lanzado en todos los frentes, desde las cuentas de grandes fortunas españolas en Suiza hasta la investigación al empresario Demetrio Carceller por la presunta comisión de diversos delitos fiscales, como la ocultación del domicilio para no pagar impuestos a la España o la creación de una red de sociedades en paraísos fiscales.

El secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, cree que un momento de crisis como el actual quizá no es el mejor “para pedir más plantilla, pero sí de exigir que tengamos más competencia y responsabilidades con la creación de un cuerpo superior  que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude. Y cuando la situación económica mejore, sí será el momento de afrontar una mejora de los medios personales”.

La realidad dice que los medios de la Agencia Tributaria y del Sepblac están a años luz de los de los grandes países europeos. Hoy, el ratio de población sobre empleados en la Agencia Tributaria es de 1.680 contribuyentes por empleado, frente a los 690 de Alemania, los 790 de Francia o los 810 de Reino Unido. La media de la OCDE es de 667.

Estrategia difusa

Otro asunto es la estrategia. “Hay incongruencias evidentes. En el caso de las cuentas en Suiza, hay trato de favor a esas grandes fortunas que se ha demostrado que son también grandes evasores para que puedan evitar el delito fiscal y las sanciones. Algo que no ocurre con los ciudadanos de a pie”, explica Mollinedo.

España no es precisamente un ejemplo en lo que a la lucha contra los delitos económicos se refiere. Tres ejemplos lo demuestran. En 2006, todavía en pleno boom económico, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –la gran referencia mundial en la materia- señalaba que en la práctica, España es un paraíso para el blanqueo de capitales.

Dos años más tarde, en 2008, la Comisión Europa denunció a España por el retraso en aplicar la directivas comunitarias dirigidas a bloquear los fondos de organizaciones armadas y a reclamar información a cualquier entidad sobre personas jurídicas o físicas que realicen movimientos económicos sospechosos. Aprobadas por Bruselas en 2005, en España han recibido luz verde este año.

Y por último, en España siguen circulando casi 110 millones de euros en billetes de 500 euros. La cifra supone casi un tercio del total emitido en la Unión Europea y es siete veces más alta que en 2002, cuando empezó a circular la moneda única.

Los expertos creen que no hay verdadera voluntad política de acabar con el fraude. “Tramas como la de Marbella utilizaban 1.000 sociedades. La investigación de un entramado así es cuestión de años y requiere medios abundantes”, explica José María Peláez, ex presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE), que recuerda que el Sepblac no tiene medios para hacer frente a sus obligaciones. Además, señala, “sus informes no tienen fuerza jurídica ni se pueden utilizar en un procedimiento judicial. Tienen sólo una función preventiva”.

Por su parte, Mollinedo cree que la falta de compromiso se traduce en que “a día de hoy, España no tiene un estudio realizado por un organismo oficial sobre el peso de la economía sumergida, que nosotros estimamos en 245.000 millones, el 23,3% del PIB”. Y también denuncia que todavía es imposible compartir las bases de datos de las distintas administraciones territoriales. “Así no se puede cerrar el círculo de una investigación”, asegura, mientras alerta de que se están cargando las tintas sobre las clases medias frente a los grandes evasores.