Amnistía internacional pide que se dé prioridad a los derechos de los pueblos indígenas antes que al beneficio de los estados

Amnistía Internacional (AI) ha hecho un llamamiento a los gobiernos de los países de América para que den prioridad a la supervivencia física y cultural de las poblaciones indígenas antes que a los beneficios económicos de los Estados.
La ONG hace este llamamiento en vísperas del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se celebra este jueves, y tras la publicación hoy de un informe en el que se analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas lo relacionado con proyectos de desarrollo, como carreteras, oleoductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras, que se llevan a cabo en esas tierras ancestrales.
“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación solo sirve para crear desconfianza y polarización, que puede desembocar en malestar social y conflictos”, señala uno de los autores del informe y miembro de Amnistía Internacional, Mariano Machain.
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe, incluyen la falta de transparencia y de buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos.
Según una de las líderes del pueblo indígena Sarayaku (Ecuador), Patricia Gualinga, su comunidad se enfrentó a la posibilidad de perder parte de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el cual no se les había consultado, hasta que el mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en favor de la población indígena.
“El Gobierno ha anunciado que ellos socializarán la información, pero la consulta solo será real si las autoridades demuestran que nos toman en serio, respetan nuestros derechos y actúan de buena fe y transparencia”, indica Gualinga.
Por ello, Amnistía Internacional insiste en que se tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, así como para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.