(ampliación) el banco de españa afirma que los "stress test" revelarán si las entidades necesitan más capital

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quiso dejar hoy claro que las pruebas de resistencia ("stress test") a las entidades financieras europeas dirán si bancos y cajas españoles precisan o no más capital.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados, Fernández Ordóñez consideró que los requerimientos de capital exigidos por el Gobierno "son suficientes para asegurar la solidez del sistema bancario español". Según dijo, no sólo bajo el escenario macroeconómico más probable, sino también "en otros escenarios más adversos con probabilidades de que ocurran muy reducidas".
Fernández Ordóñez criticó que algunos analistas estimaban que las necesidades de capital podrían ser mayores en el futuro, bajo la hipótesis de un fuerte deterioro de la economía española.
"Las pruebas de resistencia que se están realizando a nivel europeo mostrarán hasta qué punto las entidades necesitan más capital para hacer frente a los escenarios extremos contemplados en esas pruebas", señaló Fernández Ordóñez.
El gobernador reiteró que si tras estas pruebas algunas entidades españolas presentan necesidades adicionales de capital y éstas no pudieran ser cubiertas por las propias entidades mediante el recurso a los mercados u otras vías, el Frob aportaría los fondos necesarios.
"Aún bajo escenarios muy pesimistas sobre la marcha de la economía española, el uso de recursos públicos para la recapitalización de entidades supondría un incremento relativamente moderado del saldo de la deuda pública española", sentenció Fernández Ordóñez.
El gobernador recordó que algún banco ha optado por reforzar su capital acudiendo al mercado. Las entidades que así lo han decidido están inmersas actualmente en el proceso asociado a esta estrategia.
Por tanto, "todo este proceso está avanzando de acuerdo con el calendario previsto en la regulación", que establece que los nuevos requisitos deberán cumplirse el 30 de septiembre de este año, aunque el real decreto prevé la posibilidad de que las entidades que opten por la inversión privada puedan solicitar una prórroga de tres meses, ampliable a seis en los casos de procesos de admisión a cotización.