Las asociaciones de asistencia exigen más transparencia y actualización de los datos públicos a administraciones

Arredondo, que ha asistido este jueves a un encuentro con la Junta de Andalucía y otras entidades sociales, ha incidido en que no es un problema único de una administración concreta.

"Existe una falta de información de todas las administraciones, en general. Si entro al Ministerio, al Ayuntamiento o a la Junta, no tengo datos o están retrasados", ha explicado, agregando que se trata de una reclamación "histórica" de los colectivos de asistencia.

RECURSOS

Según Arredondo, las asociaciones han afirmado que en los últimos dos años "no ha habido un recorte tan potente como el que se produjo durante los años de la crisis". Sin embargo, alertan de una situación de "estacionamiento" en cuanto a los recursos que las administraciones disponen a las entidades sociales.

"Hay un equilibrio donde no existe un incremento de los presupuestos. En cambio, sí que hay unas necesidades que se están viendo incrementadas", ha matizado.

Asimismo, Arredondo ha explicado que el modelo "híbrido" de Andalucía --la atención primaria desde el modelo público, y la intervención específica desde el modelo privado o tercer sector-- para financiar los servicios sociales es "un modelo precario", ya que depende de las subvenciones, no existe una estabilidad y continuidad de proyectos, y acaba dependiendo de la situación económica.

Al mismo tiempo, ha evidenciado la falta de coordinación de los recursos de las administraciones. "Los servicios sociales comunitarios están muy saturados de demanda, y esto impide realmente hacer un trabajo de intervención y seguimiento de manera coordinada", ha criticado,

Además, ha agregado que falta una disponibilidad de recursos humanos. "Cuando un trabajador social tiene que atender diariamente a 50 personas, tiene una lista de espera, tiene que hacer un plan de intervención, una informe y una visita domiciliaria, es imposible", ha ejemplificado.

Según ha explicado, la falta de coordinación está relacionada con la Ley de Servicios Sociales, que "después de 28 años todavía no ha entrado en funcionamiento".

"Canarias y Andalucía son las únicas comunidades que desde el año 1988 no han actualizado las leyes de servicios sociales, por lo que estamos actuando con recursos y medios que no son los que en estos momentos se necesitan", ha concluido.