Madrid, 25 may.- La Audiencia Nacional retomará el próximo martes el juicio a los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès que se adjudicaron pensiones de 31,6 millones de euros contratando pólizas de seguros a espaldas de los órganos de control y administración de la entidad.
La vista, la primera que se celebra contra antiguos gestores de las antiguas cajas de ahorros, arrancó el pasado lunes y quedará previsiblemente visto para sentencia el próximo jueves, cuando los acusados podrán hacer uso de su derecho al turno de última palabra.
Durante su declaración del lunes, el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès y los exdirectivos Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano defendieron la legalidad de sus pensiones multimillonarias y que con ellas se equipararon sus condiciones a las del resto de trabajadores.
"La Caixa del Penedès era mi vida y yo le dedicaba todo mi esfuerzo. Jamás he intentado perjudicar a la caja y mi actuación siempre ha sido de total honestidad", puntualizó Pagès, que con las pólizas se adjudicó 11,6 millones, de los que llegó a percibir 10,76 millones.
Por su parte, Abella, que percibió 1,89 millones de los 5,7 que se asignó, explicó que su contrato le reconocía el derecho a una prejubilación vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90 por ciento de su retribución, e insistió en que "el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza", y no reconocer lo mismo para los directivos habría sido "discriminatorio".
Mientras, el ex director adjunto Joan Caellas (en cuyo caso la prejubilación ascendía a 4,8 pero no cobró nada porque fue despedido) señaló que su primer contrato "valoraba las funciones realizadas hasta el momento" y sus "nuevas responsabilidades" y coincidió en que las ventajas que le aportó la externalización de las pensiones fueron las mismas que "a cualquier empleado".
El otro ex director general adjunto acusado, Manuel Troyano, manifestó que firmó las pólizas de seguros que le garantizaron una pensión de 6,16 millones (aunque tampoco llegó a percibir cantidad alguna por la misma razón que el anterior), porque tenía "total confianza en que habían sido aprobadas y revisadas".
Sin embargo, varios de los testigos que han declarado estos días han criticado las suculentas cantidades, de las que en ningún momento tuvieron conocimiento.
Así, el exvicepresidente de Caixa Penedès Albert Vancells precisó que no supo "nada en absoluto" de la adquisición de estas pólizas de seguros ni de las sucesivas aportaciones que hicieron los acusados y consideró que deberían haber informado de las mismas a este órgano y al consejo de administración.
"Claro que sí", subrayó el actual consejero de BMN, grupo en el que se integró Caixa Penedès, que agregó: "una cifra tan grande para mí era inimaginable".
Al mismo tiempo, el presidente de honor de la caja, Josep Parera, apuntó que Pagès tenía un "control absoluto" sobre la caja, aunque era Abella el "cerebro técnico" de la misma.
El antecesor de Pagès desveló que éste le había ofrecido un plan de pensiones millonario a cambio de que no abandonara la caja, extremo con el que amenazó tras detectar que había "cosas raras" en la actuación de los directivos.
Por su parte, el presidente de BMN, Carlos Egea, relató que Pagès se negó a facilitarle información sobre la caja, que incluía los datos de la pensión millonaria que se adjudicó, antes de su integración en el nuevo grupo.
La Fiscalía, por el contrario, sostiene que los acusados, junto con el fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, firmaron estas pólizas sin el conocimiento de los órganos de control y a partir de 2010 se las blindaron y modificaron sus contratos con motivo de la integración en el grupo BMN, que requirió una ayuda del FROB de 916 millones de euros.
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