Becerril aboga por extender el aplazamiento de las deudas a entidades benéficas que presten servicios sociales

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propuso este viernes extender a las empresas y organizaciones benéficas que prestan servicios sociales la posibilidad de establecer aplazamientos en el pago de sus deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, un privilegio concedido de momento solo a los ayuntamientos.
Becerril hizo esta consideración tras aplaudir que la ampliación del Plan de Proveedores, aprobada por el Gobierno el pasado viernes, recoja varias de las propuestas formuladas por la Institución que dirige.
En marzo de este año, la oficina del Defensor del Pueblo recomendó al Gobierno que garantizase la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas con medidas que facilitaran el pago de las deudas que tienen contraídas con los proveedores y prestatarios de estos servicios.
Pues bien, recordó Becerril, el decreto aprobado por el Ejecutivo en esta línea amplía la definición de proveedor e incluye en el Plan de Pago a Proveedores los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.
Igualmente, prosiguió, incluye los convenios de colaboración y las transferencias de las CCAA o de los ayuntamientos a instituciones sin fines de lucro y asociaciones con fines sociales que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención a menores, personas con discapacidad y tercera edad.
En opinión de la defensora del Pueblo, las medidas aprobadas están en línea con lo que pedía la institución que dirige y ayudarán al mantenimiento de los servicios asistenciales básicos que prestan las administraciones local y autonómica.
No obstante, podrían mejorarse, a su parecer, si se extendieran a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan servicios sociales y soporten morosidad de las administraciones.