Blanco obtiene el respaldo del Congreso, aunque no exento de dudas y críticas

  • Madrid.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha obtenido hoy, en el pleno del Congreso, un apoyo mayoritario para su decreto-ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, en vigor desde el pasado viernes, a pesar de ciertas críticas que han manifestado prácticamente todos los portavoces parlamentarios.

José Blanco pide reformar la Ley de Navegación Aérea por el impacto ambiental
José Blanco pide reformar la Ley de Navegación Aérea por el impacto ambiental

Madrid.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha obtenido hoy, en el pleno del Congreso, un apoyo mayoritario para su decreto-ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, en vigor desde el pasado viernes, a pesar de ciertas críticas que han manifestado prácticamente todos los portavoces parlamentarios.

Todos los partidos, a excepción de Izquierda Unida (IU), han respaldado, no libres de dudas, el decreto, que regula las condiciones laborales de los controladores aéreos y devuelve a AENA la potestad de organizar y dirigir este servicio, pero han pedido que se tramite como un Proyecto de Ley.

Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el Gobierno no ha guardado las formas con este decreto y ha aprovechado una campaña de demonización del colectivo de controladores, para "privatizar el sector aéreo".

Ha recordado que el propio ministro de Fomento dijo en su día que la liberalización se haría en suelo y no en vuelo, pero ahora con el decreto se abre la gestión de torres de control a proveedores privados.

En su opinión, se trata de "un mal mensaje", porque se comienza por un sector y, a continuación, se sigue con otros, que el Gobierno considere que choquen con determinadas libertades del resto de los ciudadanos, y se ha preguntado si el siguiente ¿será quizá Renfe?

El resto de los grupos parlamentarios, a pesar de su "sí" al decreto, han coincidido en criticar la precipitación con la que se ha aprobado y la forma en la que se ha solucionado el conflicto que enfrentaba a los controladores y AENA, que para el diputado de PNV José Ramón Beloki muestra "un cierto descaro político".

A su juicio, "estamos ante un tema muy complejo y grave", por lo que ha pedido que no se resuelva "parcheando", sino que se busque un solución que debe ser definitiva en el marco europeo y en el de "cielo abierto".

Al mismo tiempo, Beloki ha tachado de "lamentable" la gestión realizada por AENA, que ha sido incapaz de resolver el problema y ha tenido que recurrir al "papá Congreso" para que lo haga.

El portavoz del PP, Andrés Ayala, se ha manifestado en la misma línea, al indicar que el gestor aeroportuario durante cinco años no ha sabido, o no ha querido, negociar las condiciones laborables de los controladores.

Aunque ha reconocido que el primer convenio colectivo de los controladores data de 1999, cuando gobernaba su partido, fue una copia del estatuto anterior de 1992 firmado bajo el Gobierno socialista, y que es el origen del límite a 1.200 horas anuales de su jornada ordinaria.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno popular en ocho años creó el 83% de nuevas plazas de controladores aéreos frente al 17% del Ejecutivo socialista en diez años (1992-96 y 2004-2010), a pesar del aumento del tráfico aéreo en España, como consecuencia de una enorme inversión en infraestructuras aeroportuarias que, por otro lado, ha generado el actual déficit de 12.700 millones de euros que tiene AENA.

La Coalición Canaria (CC) ha denunciado una cierta permisividad de los correspondientes gobiernos para permitir llegar a la situación a la que se ha llegado, señalando que ni son buenos los salarios desorbitados de los controladores ni tampoco "la demonización de este colectivo, de cuyo trabajo todos están satisfechos".

Aunque todos los portavoces han manifestado sus dudas respecto al sistema de información de vuelo Afis, cuya implantación en aeropuertos con menos tráfico contempla el decreto, en Canarias hay dos aeródromos sensibles a su incorporación, Gomera y El Hierro, por lo que CC ha pedido "responsabilidad, rigor y garantías absolutas de seguridad" a la hora de tomar decisiones al respecto.

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