Bolivia nombra nuevo Procurador, a cargo de los juicios por nacionalizaciones

La Paz, 18 mar.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, designó hoy al abogado Héctor Arce como el nuevo Procurador General del Estado para afrontar las demandas de arbitraje de las empresas trasnacionales cuyas filiales fueron expropiadas.

Morales tomó juramento a Arce en el Palacio de Gobierno en un acto en el que también se oficializó la renuncia al cargo por "razones de índole personal" del abogado Hugo Montero, que organizó y dirigió la Procuraduría desde febrero de 2011.

Arce es uno de los principales asesores jurídicos de Morales, fue presidente de la Cámara de Diputados y también ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales (nacionalizaciones), cartera que fue eliminada con la creación de la Procuraduría.

En su discurso, el mandatario destacó la existencia de esa institución para defender los intereses y el patrimonio del Estado ya que en su momento Bolivia era el único país de la región sin una Procuraduría.

"Que sepan las empresas trasnacionales, las empresas nacionales y extranjeras que quieran, que han intentado, que intentan llevar procesos contra el Estado que aquí van a encontrar la más fuerte defensa de los intereses de una sociedad", dijo Arce, a su turno.

A diciembre pasado había cuatro consorcios multinacionales que mantenían en tribunales demandas de arbitraje contra Bolivia para obtener indemnizaciones por un total de 1870 millones de dólares, según un informe de entonces de la Procuraduría.

Este año, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó a Bolivia pagar una compensación a la británica Rurelec por la nacionalización del 50 % que poseía en la eléctrica Guaracachi.

Según Rurelec, el pago debe ser de 41 millones de dólares, mientras que Bolivia ha anunciado apelaciones y sostiene que la cifra definida en el laudo es sólo de 28 millones de dólares.

Otras empresas que plantearon arbitrajes contra Bolivia son la petrolera anglo-argentina Pan American Energy (PAE) por la nacionalización de una filial, y la española Abertis, por la expropiación de su subsidiaria Sabsa, a cargo de la gestión de los tres principales aeropuertos de Bolivia.

Abertis demanda una compensación por 86 millones de dólares, según el informe de diciembre de la Procuraduría.

Según ese mismo documento, las españolas Iberdrola y de Red Eléctrica, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas en 2012, notificaron al país con otras controversias pero el Gobierno de Morales está en "una etapa de acercamiento" con las compañías.

Desde 2006, Morales nacionalizó una veintena de compañías de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, minería, gestión de aeropuertos y producción de cemento, de inversores europeos, norteamericanos, latinoamericanos e incluso bolivianos.