Bruselas prohibirá aplicar recargos a los pagos con tarjeta

La Comisión Europea aprobó este miércoles una revisión de la Directiva de Servicios de Pago y un nuevo reglamento sobre tasas de intercambio, las comisiones que se pagan los bancos entre si, que prohibirá la aplicación de recargos por el uso de tarjetas de crédito y de débito.
Estos recargos, las cargas adicionales impuestas por algunos comerciantes al pago con tarjeta, están muy extendidos, en particular en las compras de billetes de avión.
Además, Bruselas introducirá límites máximos para las tasas de intercambio en las transacciones con tarjetas de débito y de crédito.
Los límites fijados son del 0,2% del valor de la transacción para las tarjetas de débito y del 0,3% para las tarjetas de crédito. Estos niveles ya han sido aceptados por las autoridades de competencia para una serie de operaciones con tarjetas de las marcas Visa, MasterCard y Cartes Bancaires.
Durante un período de transición de 22 meses, se aplicarán estos límites máximos a las tasas de intercambio en las transacciones transfronterizas con tarjetas de débito y de crédito, es decir, cuando un consumidor utilice su tarjeta en otro país o cuando el minorista utilice un banco de otro país.
En una fase posterior estos límites máximos se aplicarán también a las operaciones nacionales.
Por lo que se refiere a las tarjetas que no estén sujetas a estos límites (principalmente las tarjetas comerciales emitidas para empresas y los sistemas 'tripartitos', tales como American Express o Diners), los comerciantes tendrán la posibilidad de rechazarlas o de cobrar un recargo.
De esta forma, Bruselas destaca que los costes impuestos por estas tarjetas caras podrán imputarse directamente a quienes se benefician de ellas y no a todos los consumidores.
La Comisión denuncia que estas tasas de intercambio cuestan al comerciante y, en última instancia, a los propios consumidores, decenas de miles de millones de euros cada año.
A este respecto, apunta que el nivel de las tasas de intercambio varía considerablemente entre los Estados miembros, lo que indica que no tienen una justificación clara y crean una barrera importante entre los mercados nacionales de pago.